- Martín defiende que el CAED opera con normalidad y niega que se haya superado su capacidad máxima.
- El Delegado del Gobierno desmiente los datos ofrecidos por el Ayuntamiento y acusa al PP de alimentar discursos discriminatorios.
Alcalá de Henares ha vivido una jornada marcada por la tensión y la polémica tras los altercados registrados en la tarde del martes 2 de julio frente al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), ubicado en la antigua base Primo de Rivera. Cuatro personas fueron detenidas y otras 23 identificadas durante una concentración no autorizada convocada por grupos ultras a través de redes sociales.
La manifestación, que no había sido comunicada a la Delegación del Gobierno, derivó en enfrentamientos con la Policía Nacional, que intervino utilizando material antidisturbios para disolver a los asistentes. Tres de los detenidos lo fueron por desórdenes públicos y uno por resistencia a la autoridad. La situación de tensión se prolongó durante varias horas en las inmediaciones del centro.
El origen del malestar se sitúa en la detención, ese mismo día, de un joven de 21 años procedente de Mali como presunto autor de la agresión sexual ocurrida el sábado 28 de junio junto al CAED. El arrestado, según fuentes policiales, es residente en el propio centro.
La reacción de la alcaldesa, Judith Piquet (PP), no se hizo esperar. En declaraciones realizadas este miércoles en Telemadrid, anunció que llevará al próximo pleno municipal una moción para reclamar el cierre del CAED. «Aunque Alcalá ha mostrado su solidaridad, el centro ha superado la capacidad permitida, con más de 1.700 personas, y ha provocado una grave preocupación entre los vecinos y las familias», afirmó. La regidora criticó la «falta de un plan de integración y seguridad», asegurando que «el ambiente de inseguridad y desorden afecta a la calidad de vida local».
Estas declaraciones han sido respondidas con dureza por el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien condenó la agresión sexual y pidió a los partidos políticos que no intenten «sacar rédito» de situaciones tan graves.
Martín señaló que «parece que cuando el color de la piel es uno determinado hacen sonar las alarmas. Lo que le preocupa al PP es el color de la piel en lugar de la seguridad de las mujeres y eso es muy grave». También añadió que «en Alcalá de Henares ha habido 18 agresiones sexuales con penetración en los últimos dos años y nunca hemos escuchado una respuesta de preocupación por parte de Judith Piquet».
Respecto a los datos ofrecidos por el Ayuntamiento sobre la ocupación del centro, el Delegado desmintió la afirmación de que el CAED supere su capacidad: «1.760 es la capacidad total del centro desde hace meses, y la ocupación es bastante inferior a ese 100%. Además, la alcaldesa visitó el CAED junto a parlamentarios del PP y pudo conocer de primera mano la situación».
Sobre la petición de cierre, Martín señaló que el centro «está desarrollando su actividad con normalidad» y que «los hechos puntuales son atendidos como los de cualquier otra persona del municipio».
Cabe recordar que, cuando se conocieron los primeros detalles de la agresión, la alcaldesa ya apuntó al CAED pese a que aún no se había producido ninguna detención. «Desconocemos si esta persona es un interno del centro o no, no nos han confirmado esta información», declaró en su momento.
La situación ha reavivado el debate político en torno a la presencia del CAED en la ciudad y al modelo de acogida e integración de personas migrantes, en un contexto ya tenso por los hechos ocurridos el fin de semana y la repercusión mediática del caso.
