Por Markel Gorbea Pérez
La Audiencia Provincial de Madrid me ha absuelto de todos los cargos en el procedimiento que me afectaba como excomisionado para la Cañada Real Galiana. Con esta resolución firme se pone fin a más de dos años de proceso judicial en los que tuve que defender, en soledad, mi actuación como servidor público. Fueron dos años de espera, de desprecios, de titulares destructivos y de una condena silenciosa que se dictó mucho antes de que ningún juez pudiera examinar los hechos.
El camino ha sido duro, largo y solitario. Desde el primer momento supe que no había hecho nada incorrecto, y por eso decidí apartarme voluntariamente de mis responsabilidades institucionales: quería defender mi nombre sin perjudicar al partido ni a las instituciones que representaba.
Ser comisionado para la Cañada Real Galiana fue, ante todo, un honor, aunque también uno de los encargos más complejos, ingratos y socialmente exigentes de cuantos existen en la Comunidad de Madrid. Mi trabajo no fue cómodo, ni lo pretendí. Pero fue limpio. Ni un solo dato, ni una sola prueba, ni una sola declaración pudo sostener jamás lo contrario. La Justicia lo ha reconocido dos años después. Sin embargo, esa es la paradoja: la absolución no hace ruido. La noticia, como siempre, fue la imputación.
Sé que no existe reparación posible para lo que se ha perdido. El honor puede restaurarse jurídicamente, pero no políticamente ni vitalmente. Cuando alguien que ha ejercido responsabilidades públicas con honestidad es arrojado al vacío por acusaciones falsas, cálculos partidistas y estrategias electorales, el golpe es demoledor. Tanto que a veces quita las ganas de volver a ocupar espacios institucionales. Aun así, la vocación y las vísceras muchas veces pesan más que la razón y el pudor. Desde un segundo plano también se puede hacer política.
Durante mi etapa como comisionado se impulsaron distintas iniciativas para mejorar las condiciones de vida en la Cañada Real, muchas de ellas inéditas, siempre en coordinación con las administraciones implicadas. Las actuaciones cuestionadas formaban parte de un proceso legal y administrativo dentro de la estrategia común adoptada por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y otras entidades. Hoy la sentencia confirma la legalidad de aquellas decisiones y reconoce la honorabilidad del trabajo realizado.
Cuando comenzó el procedimiento, mi presunción de inocencia desapareció. Solo quedaron titulares gruesos, publicaciones en redes sociales, tuits difamatorios e incluso cierta alegría en algunos actores destacados de la Cañada Real Galiana.
No reclamo restitución porque sé que no llegará. Pero sí reclamo memoria. No puede normalizarse que quien es investigado sea «detonado» preventivamente, sin pruebas, y que deba recorrer un largo camino de defensa en solitario. Reclamo respeto. Respeto por quienes asumimos cargos difíciles y trabajamos con honestidad, sabiendo que en este país, cuando te imputan, te entierran, y cuando te absuelven, ya no queda nadie vivo para leer tu epitafio.
Hoy la Justicia me absuelve. Y aunque sé que los cobardes seguirán callados, su silencio ya no me hiere. Me reconforta.
