- El nuevo acuerdo marco añadirá 142 plazas a las 358 existentes y tendrá una duración de cuatro años.
- Las viviendas se dirigen a personas con autonomía personal y social que necesiten este recurso de manera permanente o transitoria.
Contar con apoyos adecuados puede permitir que una persona con discapacidad intelectual mantenga mayor autonomía sin renunciar a la atención que necesita. La red madrileña de viviendas compartidas crecerá durante los próximos años con nuevas plazas y servicios destinados a sus residentes.
La Comunidad de Madrid ha aprobado un acuerdo marco dotado con 59,7 millones de euros para prestar atención integral en estas viviendas. El contrato tendrá una vigencia de cuatro años y permitirá incorporar 142 plazas, elevando la capacidad total de 358 a 500.
Estos recursos están destinados a personas con discapacidad intelectual que tengan un buen nivel de autonomía personal y social, pero necesiten esta modalidad de atención de forma permanente o durante un periodo determinado.
La financiación asignada por plaza aumentará cerca de un 30%. El nuevo contrato también contempla tablets para los usuarios, la incorporación de educadores sociales y la organización de actividades deportivas y de ocio durante los fines de semana.
El servicio incluirá además un programa de vacaciones. La información difundida por la Comunidad de Madrid no concreta todavía dónde estarán ubicadas las nuevas plazas ni cuándo comenzarán a incorporarse a la red.
Por separado, el Gobierno regional ha autorizado más de dos millones de euros para mantener 29 plazas públicas destinadas a personas con discapacidad intelectual límite y trastornos graves de conducta. Estas plazas se encuentran en un centro residencial con atención diurna de Arroyomolinos y estarán financiadas entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027.
La red pública madrileña dispone actualmente de más de 21.000 plazas vinculadas a la discapacidad y la salud mental. De ellas, 14.500 están destinadas a la atención integral de personas con discapacidad y más de 7.100 a personas con enfermedad mental grave y duradera.
