- La ayuda financia cursos de al menos diez horas y debe pedirse durante el mes posterior a la matrícula o reserva de plaza.
- Los solicitantes necesitan un informe favorable de orientación laboral, estar inscritos como demandantes de empleo y acreditar que su unidad familiar no supera el límite económico.
Los jóvenes desempleados de Alcalá de Henares pueden solicitar durante 2026 el Cheque Formación de la Comunidad de Madrid, una ayuda destinada a financiar cursos que mejoren sus posibilidades de acceder a un empleo. La subvención cubre el coste abonado por la persona beneficiaria hasta un máximo de 1.500 euros.
El procedimiento permanece abierto de forma permanente, pero cada solicitante tiene su propio plazo. La petición debe presentarse durante el mes siguiente a la fecha de matrícula o reserva que aparezca en el justificante expedido por la entidad formativa.
Esta regla obliga a preparar el trámite desde el momento de elegir el curso. Esperar más de un mes después de matricularse impide solicitar la ayuda, aunque la formación todavía no haya comenzado o no se haya completado.
Pueden participar las personas menores de 30 años que residan en la Comunidad de Madrid. La edad se comprueba en la fecha de matrícula o reserva, por lo que quien haya cumplido los 30 antes de ese momento no entra dentro del programa.
También es necesario encontrarse en situación de desempleo y figurar como demandante de empleo en una oficina de la Comunidad de Madrid cuando se realiza la matrícula. No basta con inscribirse después de haber reservado el curso para intentar completar el requisito.
La unidad de convivencia de la persona solicitante no puede disponer de rentas superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples calculado en catorce pagas. Para comprobar esta condición, el formulario exige declarar quiénes componen la unidad y sus ingresos.
El Cheque Formación no se concede para cualquier actividad elegida libremente. Antes de presentar la solicitud, el interesado debe contactar con una oficina de empleo y conseguir que su personal de orientación profesional determine que el curso resulta adecuado para mejorar su empleabilidad.
El orientador debe emitir y firmar un informe en el que aparezcan los datos de la formación y su idoneidad para el perfil profesional del solicitante. Este documento, identificado como Anexo IV, forma parte de la documentación obligatoria.
La formación debe tener una duración mínima de diez horas y no puede consistir únicamente en una jornada o un congreso. Puede impartirse de manera presencial, telemática o mixta, por entidades españolas o de otros países de la Unión Europea que acrediten experiencia o prestigio en la materia.
El curso tampoco puede ser gratuito para la persona solicitante. La ayuda está destinada a compensar un coste real de matrícula y no puede utilizarse para obtener un pago por una actividad que ya se ofrece sin coste.
Cuando exista una alternativa financiada con fondos públicos dentro de la formación para el empleo o de la enseñanza oficial, el informe del orientador deberá justificar por qué resulta necesario subvencionar el curso elegido. La existencia de esa formación pública no impide automáticamente pedir la ayuda, pero exige una motivación específica.
La cuantía reconocida será equivalente al precio de la formación, con un límite máximo de 1.500 euros. Una matrícula de 700 euros podrá recibir como máximo esa cantidad, mientras que un curso de 2.000 euros no generará una ayuda superior al tope establecido.
La convocatoria no obliga a elegir un único sector profesional. El curso puede estar relacionado con competencias técnicas, digitales, idiomas u otras capacidades laborales, siempre que el orientador considere que mejora las opciones de empleo del solicitante y cumpla el resto de condiciones.
Las personas que ya fueron beneficiarias del mismo Cheque Formación durante 2025 no pueden volver a obtenerlo en esta convocatoria. También deben declarar cualquier otra subvención, ingreso o recurso concedido para financiar la misma actividad.
La solicitud debe incluir el informe del orientador, el documento de matrícula o reserva, la declaración responsable sobre la composición y los ingresos de la unidad de convivencia, un certificado de titularidad bancaria y el certificado colectivo de empadronamiento.
La Administración puede consultar determinados datos si el solicitante no se opone. Entre ellos figuran la identidad, la inscripción como demandante de empleo y, en determinados momentos del procedimiento, la situación frente a la Seguridad Social.
La consulta de los datos de renta y de las obligaciones con la Agencia Tributaria exige autorización. Cuando la persona no la conceda, tendrá que aportar los certificados correspondientes junto con el resto de la documentación.
El procedimiento no requiere pagar ninguna tasa. Puede completarse por internet desde Cuenta Digital, utilizando un sistema de identificación y firma electrónica admitido por la Comunidad de Madrid.
La plataforma permite rellenar el formulario, adjuntar los documentos y firmar el envío. Una solicitud guardada en «Mis Gestiones» sigue siendo un borrador hasta que el usuario pulsa la opción de firmar y enviar y obtiene el justificante de registro.
Las personas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración también pueden descargar el formulario y presentarlo presencialmente en un registro habilitado. Algunas oficinas exigen cita previa, por lo que conviene comprobarlo antes de desplazarse.
La Dirección General de Formación dispone de un plazo máximo de seis meses para resolver. Si transcurre ese periodo sin una resolución expresa, el silencio administrativo tiene efecto desestimatorio.
La concesión no supone que el dinero se abone automáticamente al iniciar el curso. Para recibir el pago, la persona beneficiaria debe terminar la actividad y presentar un segundo trámite de justificación durante el mes siguiente a su finalización.
La justificación exige aportar el certificado o diploma con la calificación de apto o equivalente, además de la factura y el justificante que demuestre que el curso ha sido pagado. No completar la formación o presentar los documentos fuera de plazo puede impedir el cobro.
El solicitante debe conservar desde el principio la matrícula, los justificantes bancarios, las facturas y cualquier certificado expedido por la entidad. El nombre, el importe y los datos del curso deben coincidir con la información comunicada al solicitar la subvención.
Antes de realizar una matrícula conviene contactar con la oficina de empleo, comprobar el límite de renta y solicitar el informe de orientación. Pagar primero un curso que después no sea considerado idóneo puede dejar a la persona sin la ayuda y obligarla a asumir íntegramente el coste.
