- La Cámara de Cuentas contabiliza 4.719 infracciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones de Alcalá durante el periodo incluido en su fiscalización.
- Los expedientes se tradujeron en unos ingresos de 235.500 euros, por debajo de las cifras registradas en Madrid y Rivas Vaciamadrid.
La Zona de Bajas Emisiones de Alcalá de Henares acumuló 4.719 infracciones y generó aproximadamente 235.500 euros en ingresos por sanciones durante el periodo recogido por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Los datos forman parte del informe de fiscalización sobre la implantación de estas áreas en los municipios madrileños, aprobado el pasado 30 de junio y referido a los ejercicios comprendidos entre 2022 y 2024.
El documento analiza la situación de los municipios de la región obligados por la Ley de Cambio Climático a establecer zonas de bajas emisiones y constata diferencias importantes tanto en el ritmo de implantación como en su funcionamiento efectivo. Alcalá se encuentra entre las ciudades que ya habían puesto en marcha su regulación durante el periodo fiscalizado y aparece además entre los municipios en los que el sistema había comenzado a generar expedientes sancionadores e ingresos para las arcas municipales.
Las 4.719 infracciones registradas en Alcalá representan una recaudación muy inferior a la de Madrid capital, donde las sanciones vinculadas a sus distintas zonas restringidas superaron ampliamente los cien millones de euros durante el periodo analizado. También queda por debajo de Rivas Vaciamadrid, que contabilizó 18.047 multas y alrededor de 1,1 millones de euros, mientras otros municipios todavía no habían empezado a sancionar o mantenían sus ZBE en fases anteriores de desarrollo.
La fiscalización ofrece así una primera referencia comparable sobre el funcionamiento económico y sancionador de la ZBE de Alcalá frente a otras localidades madrileñas. La Cámara de Cuentas examinó aspectos como la aprobación de las ordenanzas, la entrada en funcionamiento de los sistemas de control y la aplicación de las restricciones, dentro de una revisión coordinada con el Tribunal de Cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los municipios de más de 50.000 habitantes.
Los datos corresponden al periodo cerrado por la fiscalización y no representan necesariamente el volumen acumulado hasta agosto de 2026, por lo que su utilidad principal reside en mostrar cómo comenzó a funcionar el sistema sancionador alcalaíno durante sus primeros ejercicios. El informe completo permanece publicado entre los documentos oficiales de la Cámara de Cuentas y permite comparar la evolución de Alcalá con la implantación seguida por el resto de grandes municipios de la Comunidad de Madrid.
