Alcaldes del PSOE llevarán a los tribunales la reforma de la FMM y acusan al PP de “secuestro”

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Reunión de la Junta de Gobierno de la FMM presidida por Judith Piquet / Imagen: FMM

Durante décadas, la Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha presumido de funcionar por consensos amplios pese a los cambios de mayoría. Ese equilibrio se ha quebrado tras la modificación del Reglamento de Régimen Interior aprobada por la Junta de Gobierno, que la oposición socialista considera un recorte de su participación.

Este martes 7 de octubre de 2025, varios alcaldes del PSOE han anunciado acciones legales y han denunciado un “secuestro” político de la institución. La Presidencia de la FMM, ostentada por la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), replica que la reforma solo ordena las intervenciones y replica el funcionamiento habitual de otras cámaras.

Qué ha ocurrido y quiénes están implicados

En una comparecencia pública, los alcaldes miembros de la Junta de Gobierno Ramón Jurado (Parla), Candelaria Testa (Alcorcón), Raquel Jimeno (Ciempozuelos) y Javier Corpa (San Fernando de Henares), junto a concejales socialistas de comisiones de la FMM, comunicaron que impugnarán el nuevo reglamento por limitar su “derecho a la participación”.

Según explicaron, la FMM ha dejado de ser un espacio para reclamar mejoras a la Comunidad de Madrid y se ha convertido en un “ariete” contra el Gobierno central. La queja central del PSOE: la reducción y ordenación estricta de los turnos de palabra en la Junta de Gobierno y comisiones.

Los cambios normativos bajo discusión

El núcleo de la reforma fija tiempos tasados para las intervenciones: cinco minutos para la exposición inicial y tres para la réplica, además de establecer que hable una persona por partido en cada debate y que los miembros se agrupen bajo las siglas con las que concurrieron a las elecciones. Los socialistas critican que la presidencia pueda retirar la palabra y que no se permita pedir voto nominal en determinados asuntos.

La dirección de la FMM, por boca de su secretario general, José Manuel Zarzoso, lo niega y afirma que “ni se quita la palabra a nadie” y que los cambios solo pretenden homogeneizar el funcionamiento con el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos y los plenos municipales.

Acusaciones cruzadas y clima de confrontación

El alcalde de Parla y vicepresidente segundo de la FMM, Ramón Jurado, denunció un ambiente “surrealista” en las Juntas de Gobierno desde la llegada de Judith Piquet a la Presidencia, con “faltas de respeto constantes” e intentos de “boicotear la libertad de expresión”.

Candelaria Testa, regidora de Alcorcón, calificó la reforma como “atropello democrático” y “abuso absoluto de poder”, y avanzó que su Ayuntamiento ya prepara la impugnación por la vía contencioso‑administrativa.

Raquel Jimeno, alcaldesa de Ciempozuelos, reprochó que “no se acepte ni una sola propuesta” procedente de grupos no populares y citó como ejemplo la Declaración Institucional del 25‑N, donde —según sostuvo— no se admitieron enmiendas sobre violencia vicaria o el riesgo del negacionismo.

La versión de la FMM y del Partido Popular

Tras las críticas, el secretario general de la FMM, José Manuel Zarzoso, defendió que el reglamento vigente ya procedía de etapas de gobiernos socialistas y que la “única modificación” consiste en acotar tiempos (5+3 minutos) y agrupar intervenciones por grupos, garantizando la igualdad de turnos.

Recalcó que no se altera la representatividad ni se restringen derechos, sino que se da previsibilidad a los debates. En paralelo, la presidenta de la FMM y alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, reivindicó la actividad reciente de la Federación: más de una docena de jornadas formativas con más de 1.300 participantes y la firma de alrededor de 15 convenios en 19 meses, además de la asistencia técnica a municipios pequeños.

A su juicio, el “ruido” responde a intereses partidistas y no impide que la FMM siga “defendiendo el municipalismo”.

Tres manifiestos, cero consenso: el 25‑N como ejemplo

El desencuentro se evidenció en la Junta de Gobierno del lunes, cuando el PSOE votó en contra de tres manifiestos (mayores, discapacidad y 25‑N). Piquet lamentó la negativa socialista y defendió que los textos eran “blancos, sin carga ideológica ni referencias a leyes polémicas”, redactados —dijo— para facilitar la adhesión de todos los ayuntamientos.

El PSOE replica que su rechazo no fue de fondo, sino de método: no poder enmendar los textos ni introducir conceptos como la violencia vicaria o el señalamiento del negacionismo, lo que a su entender vaciaba de contenido la declaración.

Un conflicto que trasciende la FMM: exigencias y reproches

En el plano político, Piquet aprovechó para exigir al Ministerio de Transportes mejoras urgentes en la red de Cercanías que “sufren a diario miles de madrileños” y reclamó una “política migratoria seria” cuya falta, según señaló, “se traduce en problemas para los municipios”, mencionando el “caos migratorio” en Alcalá.

También pidió al delegado del Gobierno más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y explicaciones por material sanitario de la pandemia aún no aclarado. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, acusó al PSOE de “boicotear” el trabajo de la FMM y de cuestionar su legitimidad por no controlarla, y defendió que la presidencia de Piquet ha “dinamizado” la institución.

Derivadas jurídicas y procedimentales

La impugnación que anuncian los ayuntamientos socialistas se canalizaría por la jurisdicción contencioso‑administrativa. En ese escenario, los jueces deberán valorar si la limitación de tiempos y la agrupación por grupos políticos vulneran o no el derecho de participación política de los miembros de la Junta de Gobierno de la FMM.

No es un debate inédito: en otras cámaras, la ordenación de debates y cupos es práctica habitual, pero su traslación debe respetar la finalidad y naturaleza asociativa de la Federación, que agrupa a los 179 municipios madrileños y opera como entidad de representación y cooperación municipal.

Contexto: qué es la FMM y por qué importa

La FMM es la asociación de municipios de la Comunidad de Madrid. No es una administración pública, pero actúa como foro de coordinación, formación y defensa de intereses locales, promoviendo posiciones comunes y colaboraciones con otras instituciones.

Las tensiones políticas en su seno no son nuevas, pero sí es relevante que afecten a su capacidad de emitir posicionamientos consensuados (por ejemplo, en materia de igualdad o servicios sociales) y de interlocución con la Comunidad de Madrid y el Estado.

El pulso abre ahora un doble frente: el político, con la pérdida de consensos internos y reproches cruzados; y el jurídico, con recursos que pueden fijar el alcance de la participación en órganos de gobierno de entidades municipalistas.

Si los tribunales avalan la reforma, la FMM consolidará un modelo de debates más acotados; si la tumba, la Federación deberá reabrir su reglamento para recuperar mecanismos de participación más amplios.

Mientras, los ayuntamientos madrileños aguardan que la disputa no distraiga a la FMM de su cometido principal: coordinar soluciones a problemas locales concretos, desde la movilidad hasta la atención social.

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