- Cerca de 5.500 estudiantes de las universidades públicas madrileñas podrán beneficiarse de estas ayudas durante el curso 2026/27.
- La financiación está dirigida a alumnos con dificultades económicas que no hayan obtenido becas del Gobierno central.
La Comunidad de Madrid invertirá seis millones de euros en una nueva convocatoria de ayudas destinadas a estudiantes de las seis universidades públicas de la región para el curso académico 2026/27. La medida permitirá apoyar a cerca de 5.500 alumnos de grado y máster que atraviesan dificultades económicas y que no han resultado beneficiarios de las becas concedidas por la Administración General del Estado.
El programa fue autorizado esta semana por el Consejo de Gobierno mediante la aprobación de los convenios que regulan la concesión directa de estas subvenciones a las universidades públicas madrileñas. El objetivo es facilitar que los estudiantes puedan continuar sus estudios superiores cuando su situación económica represente un obstáculo para afrontar los costes asociados a la formación universitaria.
La distribución de los fondos se realizará en función del número de estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de cada universidad. En este reparto, la Universidad de Alcalá recibirá 577.248 euros para el próximo curso. La partida asignada a la institución complutense se sitúa por detrás de las cantidades destinadas a la Universidad Complutense de Madrid, que contará con 1,72 millones de euros; la Rey Juan Carlos, con 1,31 millones; la Politécnica, con algo más de un millón; y la Autónoma de Madrid, con cerca de 795.000 euros.
La iniciativa forma parte de una línea de ayudas que la Comunidad de Madrid mantiene desde 2016 con el argumento de reforzar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. A diferencia de otras convocatorias basadas exclusivamente en criterios académicos o de renta establecidos a nivel estatal, estas subvenciones buscan atender situaciones económicas sobrevenidas o circunstancias personales que puedan dificultar la continuidad de los estudios.
Los beneficiarios serán estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de grado o máster en cualquiera de las universidades públicas madrileñas. La gestión de las ayudas corresponderá a cada centro universitario, que deberá publicar sus respectivas convocatorias y establecer los procedimientos de solicitud y adjudicación de acuerdo con los criterios recogidos en los convenios suscritos con la Comunidad de Madrid.
En el caso de los estudios de grado, la cuantía máxima de la ayuda no podrá superar el importe equivalente a los precios públicos de una segunda matrícula de curso completo. Para los estudiantes de máster, la cantidad máxima fijada alcanza los 2.100 euros. Estas limitaciones buscan complementar otros mecanismos de apoyo existentes y ampliar la cobertura a alumnos que, pese a atravesar dificultades económicas, no cumplen los requisitos de otras becas.
Más allá de los costes de matrícula, la financiación podrá emplearse para cubrir gastos relacionados con la actividad académica. Entre ellos figuran los desplazamientos derivados de programas de movilidad universitaria como el Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE), así como aquellos vinculados a la realización de titulaciones internacionales que exijan estancias fuera del lugar habitual de residencia.
Las ayudas también contemplan gastos de alojamiento para estudiantes que deban residir fuera de su domicilio familiar durante el curso, una circunstancia cada vez más frecuente debido al encarecimiento de la vivienda en numerosas ciudades universitarias. Además, podrán destinarse a la adquisición de material bibliográfico y técnico necesario para el seguimiento de las enseñanzas, así como a servicios de apoyo relacionados con la salud mental y el bienestar personal.
La medida llega en un contexto marcado por el incremento de los costes asociados a la educación superior y por el debate sobre las dificultades económicas que afrontan parte de los estudiantes para completar su formación universitaria. Tanto las administraciones públicas como las propias universidades han puesto en marcha durante los últimos años diferentes programas de apoyo económico con el objetivo de reducir el riesgo de abandono académico por motivos financieros y garantizar la continuidad de los estudios superiores.