- Orlena De Miguel destacó que el proceso de estabilización se alinea con las disposiciones estatales para reducir la temporalidad laboral en el sector público.
- Javier Rodriguez Palacios, portavoz socialista, calificó el proceso como «oscurantista» y criticó su celebración en plena época navideña.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado en el Pleno Extraordinario celebrado hoy el dictamen que regula la consolidación de 400 trabajadores municipales, entre los que se encuentra la propia alcaldesa Judith Piquet, quien estuvo ausente en la sesión. Este proceso busca garantizar una mayor estabilidad laboral para los empleados públicos y reforzar la estructura del Ayuntamiento.
Según expuso la concejala de Recursos Humanos, Orlena De Miguel, durante la sesión plenaria, el proceso de estabilización responde a la normativa estatal que fija el 31 de diciembre de 2024 como fecha límite para consolidar plazas ocupadas temporalmente. De Miguel destacó que el origen de esta iniciativa se remonta a los acuerdos firmados entre el equipo de gobierno socialista y los sindicatos en 2017 y 2018, sustentados en el marco legal del Real Decreto-ley 5/2015 y las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de esos años.
En 2019, la Junta de Gobierno Local aprobó los procedimientos necesarios para iniciar la estabilización, creando una Comisión Especial de Seguimiento para garantizar la transparencia y el rigor en la identificación de plazas y el diseño de convocatorias. Posteriormente, la Ley 20/2021 reforzó estas disposiciones, ampliando los mecanismos disponibles para regularizar la situación laboral de los empleados temporales.
Entre las medidas implementadas destaca la formación de un tribunal coordinador en diciembre de 2022, encargado de unificar criterios y supervisar las convocatorias. Este tribunal, compuesto por profesionales cualificados, garantizó la aplicación de principios de mérito y capacidad en los procedimientos selectivos. “Este enfoque ha permitido consolidar una plantilla estable y profesional que refuerza la calidad de los servicios municipales”, afirmó De Miguel.
La oferta extraordinaria de consolidación fue aprobada por la Junta de Gobierno Local en febrero de 2022 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en abril del mismo año. Este paso marcó un avance clave en la ejecución del proceso, que se ha desarrollado en varias fases para garantizar la equidad y la eficiencia.
Aunque el proceso cuenta con un marco legal claro, ha estado marcado por la controversia debido a la participación de Judith Piquet, actual alcaldesa, en la adjudicación de una plaza fija como Agente de Desarrollo Local. La oposición socialista ha cuestionado la ética y legalidad de esta decisión, argumentando que Piquet no renunció a su cargo como alcaldesa antes de firmar el contrato fijo, lo que podría suponer una incompatibilidad legal.
Durante la sesión, el portavoz socialista, Javier Rodríguez Palacios, denunció el “oscurantismo de todo el proceso” y calificó el pleno como “convocado deprisa y corriendo” en plena época navideña. Además, cuestionó la validez de los actos y firmas realizadas por Piquet desde el 27 de diciembre, fecha en la que firmó su contrato como empleada municipal. “Queremos saber en concepto de qué está cobrando Judith Piquet y cómo está dada de alta en la Seguridad Social”, añadió Rodríguez Palacios.
El portavoz también recordó que las leyes como el Real Decreto 2568/1986 y la Ley Orgánica 5/1985 regulan la incompatibilidad entre ser cargo electo y trabajador municipal, lo que, según su denuncia, Piquet habría ignorado deliberadamente.
La consolidación de empleo público tiene implicaciones que van más allá de lo laboral. Según expertos, este tipo de medidas contribuyen a la cohesión social y económica al mejorar la estabilidad de los trabajadores y fortalecer la confianza en las instituciones locales. Además, garantiza que el Ayuntamiento cuente con una plantilla consolidada para ofrecer servicios de calidad a los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares.
El desarrollo de estos procesos, enmarcados en la normativa vigente, busca equilibrar las necesidades de estabilidad laboral con los principios de transparencia y legalidad. La culminación de este proceso representará un paso importante hacia la modernización de la gestión municipal y el fortalecimiento de los servicios públicos en beneficio de la ciudad.
