- El Consistorio confirma que presentará recurso contra el fallo que declaró nulos los despidos.
- La resolución obliga a la readmisión de los trabajadores y al pago de más de dos años de salarios.
El Ayuntamiento ha confirmado que recurrirá la sentencia judicial que le obliga a readmitir a los trabajadores de la grúa municipal y a abonar los salarios dejados de percibir durante la tramitación del procedimiento. Se trata del primer posicionamiento oficial del gobierno local tras conocerse un fallo que afecta de lleno a la gestión del servicio y a un conflicto laboral que se arrastra desde finales de 2023.
Fuentes municipales han trasladado a este medio que la intención del Consistorio es presentar recurso contra la resolución, sin realizar por el momento más valoraciones sobre el contenido del pronunciamiento judicial. El anuncio abre ahora una nueva fase en un proceso que ya ha tenido un importante recorrido jurídico y administrativo.
La sentencia que será recurrida declaró nulos los despidos de los doce trabajadores de la grúa municipal ejecutados el 29 de diciembre de 2023 y ordenó su readmisión inmediata. Además, el fallo incluye el abono íntegro de los salarios de tramitación correspondientes a todo el periodo que ha durado el litigio, más de dos años, con el consiguiente impacto económico.
El juzgado consideró determinante que el servicio continuara prestándose tras la finalización de la contrata, un elemento clave para apreciar la responsabilidad del Ayuntamiento en el resultado final del conflicto. La resolución judicial fue dictada el 26 de enero de 2026 por el Juzgado de lo Social del Tribunal de Instancia de Madrid y se conoció días después.
Tal y como informó El Complutense, el fallo supone uno de los pronunciamientos más relevantes en torno a la gestión de servicios públicos externalizados en el ámbito municipal, al reforzar la protección laboral cuando la actividad continúa pese a los cambios de empresa o de fórmula de gestión.
El eventual recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no suspende, en principio, las obligaciones derivadas de la declaración de nulidad, lo que mantiene abiertas incógnitas sobre la ejecución práctica de la sentencia mientras el procedimiento sigue su curso. El conflicto de la grúa municipal entra así en una nueva etapa, pendiente ahora de la evolución del proceso judicial.
