- El PSOE de Alcalá de Henares denuncia que integrar la tasa de residuos en el recibo del agua es un “impuesto encubierto”.
- Sostiene que el modelo penaliza a familias y viviendas vacías y rebaja el pago a grandes superficies, según sus cálculos.
La decisión del Ayuntamiento de incluir la tasa de residuos en el recibo del agua ha reactivado el debate sobre cómo financiar y gestionar la limpieza urbana en Alcalá de Henares. La medida llega en un contexto en el que la ciudad arrastra discusiones sobre el estado de los servicios municipales, la percepción de limpieza en los barrios y el equilibrio entre sostenibilidad ambiental y carga económica para los hogares.
Diversas ciudades han optado por modelos diferentes para aplicar esta tasa, modulándola según la generación de residuos, el tamaño del hogar o el nivel de reciclaje. En Alcalá, sin embargo, el cobro se integra directamente en la factura del agua, lo que ha despertado dudas entre colectivos vecinales y formaciones políticas sobre la proporcionalidad del sistema y su capacidad para fomentar una gestión más responsable de los residuos.
En este punto, el PSOE introduce su principal crítica: que el modelo aprobado no tiene en cuenta la cantidad real de residuos generados y traslada el coste de forma homogénea a los hogares, independientemente del consumo, la ocupación o el nivel de reciclaje.
Según el PSOE, la medida “supone un impuesto encubierto que perjudica a los vecinos y premia a las grandes superficies”. En palabras de la formación, “la alcaldesa Judith Piquet ha convertido el principio de ‘quien contamina paga’ en ‘quien tiene una casa con contador de agua paga’”. Argumentan que el cobro resulta idéntico aunque un hogar recicle o genere poco residuo, e incluso si la vivienda está desocupada, al vincularse a la facturación del agua.
La agrupación socialista sostiene que la ciudad “presenta un aspecto más descuidado que nunca”, pese a que las familias soportan ahora una nueva carga económica. En su diagnóstico citan “calles sucias, contenedores deteriorados, obras mal planificadas y una creciente presencia de ratas”, como muestra de lo que consideran “una gestión ineficaz”. “Pagamos más, pero Alcalá está peor”, resumen.
Los socialistas recuerdan que los últimos refuerzos de personal de limpieza viaria y la renovación de contenedores se produjeron con el anterior Gobierno municipal. Desde la llegada de PP y Vox, afirman, “no se ha contratado ni un solo trabajador más para limpiar nuestras calles, y eso se nota”. Vinculan esta falta de refuerzos al empeoramiento de los indicadores de limpieza percibida en los barrios.
Otro de los ejes de la crítica se centra en la justificación de la tasa. El PSOE sostiene que la alcaldesa atribuye la implantación al Gobierno de España, cuando —señalan— cada ayuntamiento ha decidido el modelo de aplicación. A juicio de la formación, Alcalá “ha elegido la peor fórmula: esconderla en el recibo del agua y beneficiar a quienes más residuos generan”. En este punto, aportan un ejemplo: “las grandes superficies pasan de pagar 3.600 euros al año a solo 700 euros, mientras las familias pagan más”.
Desde el equipo de Gobierno, el Partido Popular de Alcalá de Henares ha replicado que la tasa deriva de la Ley 7/2022, aprobada por el propio Gobierno central del PSOE, y ha acusado a los socialistas de intentar desvincularse de una medida estatal. El concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez, ha defendido que el actual Ejecutivo municipal “refuerza la limpieza en los barrios y amplía turnos”, mientras recuerda que el anterior Gobierno socialista dejó el servicio “en una situación crítica”.
En paralelo, los socialistas apelan al marco general que impulsa la fiscalidad ambiental, recordando que el objetivo es incentivar la reducción de residuos y mejorar la separación. Sin embargo, consideran que el método elegido en Alcalá de Henares no corrige comportamientos ni mejora la limpieza urbana, al no modular el pago por generación o por resultados de reciclaje.
Desde el PSOE concluyen señalando que esta medida es “una tasa injusta, antisocial y contraproducente”, que penaliza a los barrios y “no contribuye en nada a mejorar el medio ambiente ni la limpieza urbana”. “Los vecinos y vecinas cumplen y pagan sus impuestos, pero no reciben a cambio los servicios que merecen. Alcalá necesita un gobierno que gestione, no que castigue a las familias”, subrayan.