- El nuevo órgano ofrecerá orientación sobre asistencia psicológica, ayudas, indemnizaciones y derechos de las personas afectadas por accidentes.
- Su actuación se centrará en servicios de competencia estatal, con posibles acuerdos de colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos.
El Gobierno ha creado la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, un nuevo órgano administrativo destinado a coordinar la atención de las personas afectadas y sus familiares. El Real Decreto 981/2026, publicado el viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado y en vigor desde el sábado 14, establece sus funciones y su dependencia directa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El objetivo es ofrecer una atención continuada que no termine cuando concluyen las primeras actuaciones de emergencia.
La nueva figura podrá intervenir en accidentes producidos en servicios ferroviarios, de autobús o autocar, aéreos comerciales y marítimos de pasajeros. Su ámbito se limita a los transportes de titularidad o competencia de la Administración General del Estado, aunque la norma contempla la posibilidad de establecer acuerdos con comunidades autónomas y entidades locales. Por tanto, su creación no implica que todos los siniestros ocurridos en servicios municipales o autonómicos queden automáticamente bajo su responsabilidad.
Entre sus funciones figura actuar como interlocutor de referencia para las víctimas y sus familias ante las administraciones y entidades implicadas. También deberá coordinar protocolos de atención, facilitar apoyo psicológico y sanitario a través de los servicios competentes e informar sobre ayudas, indemnizaciones y derechos económicos. La regulación incluye el asesoramiento sobre los procedimientos para solicitar estas prestaciones, así como la orientación jurídica y sobre el posible acceso a la justicia gratuita.
El nuevo órgano tendrá capacidad para solicitar información a las administraciones y colaborar con las entidades responsables de la investigación técnica de accidentes, respetando sus competencias e independencia. También elaborará informes sobre la atención prestada y las reclamaciones recibidas. La norma establece que las asociaciones de víctimas deberán participar de forma activa y permanente en sus trabajos, mediante un grupo de colaboración que se desarrollará posteriormente.
La creación de esta figura tiene interés para los usuarios del transporte colectivo de Alcalá de Henares, especialmente por la presencia de servicios ferroviarios de competencia estatal en sus desplazamientos habituales. No obstante, el decreto no sustituye los procedimientos de emergencia, las investigaciones judiciales ni los derechos establecidos en las normas de transporte. La persona titular del nuevo órgano deberá ser nombrada por el Consejo de Ministros y, en los tres meses posteriores a su designación, analizará el marco de atención a las víctimas para proponer posibles mejoras. Las funciones completas están recogidas en el Real Decreto 981/2026.
