- Nombrada el miércoles 4 de marzo de 2026 como directora general de Universidades en la Consejería de Educación, Ciencias y Universidades.
- Sustituye a Nicolás Javier Casas y llega tras la designación de Mercedes Zarzalejo como consejera el 16 de febrero.
En plena reordenación del área educativa del Gobierno regional, la Comunidad de Madrid ha incorporado a su organigrama a un perfil procedente de la gestión universitaria. El movimiento se produce en un momento en el que las decisiones sobre oferta académica, coordinación entre campus y planificación regional vuelven a tener un peso evidente en el debate universitario.
El Ejecutivo autonómico ha nombrado a María de los Ángeles Fernández de Sevilla Vellón, profesora de la Universidad de Alcalá (UAH), nueva directora general de Universidades. Con este cambio releva a Nicolás Javier Casas al frente del área y pasa a integrarse en el nuevo equipo de la Consejería de Educación, Ciencias y Universidades.
Fernández de Sevilla es profesora titular de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Hasta ahora había ocupado en la UAH el cargo de directora de Calidad, un puesto vinculado a la mejora y evaluación de procesos académicos y a la gestión de indicadores y procedimientos que afectan a titulaciones y actividad universitaria.
La Dirección General de Universidades concentra funciones clave para el sistema madrileño. Entre sus competencias figuran la planificación y ejecución de la política de educación superior, la propuesta de implantación de nuevas enseñanzas universitarias oficiales y la coordinación de actividades de educación superior en la región.
Su nombramiento se enmarca en la remodelación iniciada con la llegada de Mercedes Zarzalejo a la Consejería el 16 de febrero, una etapa que ha traído cambios en puestos directivos del área. En ese contexto, el perfil técnico y de gestión universitaria de la nueva directora general marcará el tono de la interlocución con las universidades.
A partir de ahora, el principal termómetro será cómo se traduzcan esas competencias en decisiones concretas: coordinación con los campus, planificación de nuevas enseñanzas y una agenda que dé estabilidad al sistema universitario madrileño. El impacto se medirá, sobre todo, por la capacidad de convertir el organigrama en políticas que se noten en el día a día de estudiantes y centros.