- Constituida la Comisión de Investigación en Alcalá de Henares para esclarecer las adjudicaciones de contratos a familiares de dos concejales socialistas durante la pasada legislatura.
- El PSOE señala que Judith Piquet reactivó este proceso tras ser citada por la Justicia, en calidad de investigada, por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos.
La Comisión Especial de Investigación sobre las adjudicaciones de contratos a familiares de dos concejales socialistas durante la pasada legislatura ha quedado constituida esta mañana en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El órgano, impulsado tras un acuerdo plenario, busca esclarecer las circunstancias que rodearon estas adjudicaciones realizadas bajo el anterior gobierno del PSOE.
La comisión está presidida por la primera teniente de alcaldesa, Isabel Ruiz Maldonado (PP), con el tercer teniente de alcalde, Gustavo Severien, como suplente en la presidencia. Las portavocías han recaído en Santiago Alonso (PP), Víctor Acosta (Vox), Javier Rodríguez Palacios y Diana Díaz (PSOE), y Rosa Romero (Más Madrid). Los suplentes designados incluyen a Orlena de Miguel (PP), Pilar Cruz (Vox), María Aranguren y Alberto Blázquez (PSOE), y Sara Escudero (Más Madrid).
En su primera sesión, además de la constitución formal, se acordó que las reuniones se celebrarán los lunes, estableciendo el 25 de noviembre como la fecha para determinar el calendario de comparecientes. Este paso marca el inicio de un proceso que pretende ofrecer claridad sobre posibles irregularidades administrativas en el marco de la gestión anterior.
La creación de esta comisión coincide con un momento político delicado, ya que se ha producido la misma semana en la que Judith Piquet, actual alcaldesa de Alcalá de Henares, debía comparecer como investigada por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos. La declaración, aplazada al 25 de noviembre, está relacionada con la presunta filtración de un atestado confidencial de la Policía Local.
Desde el Grupo Socialista, su portavoz, Javier Rodríguez Palacios, ha señalado que la activación de esta comisión responde más a una maniobra política que a un interés real por esclarecer hechos ya investigados en dos procesos internos realizados entre agosto de 2023 y febrero de 2024. Según el PSOE, estos informes recogieron 20 testimonios de empleados públicos, sin hallar indicios de instrucciones políticas para las adjudicaciones.
Rodríguez Palacios ha cuestionado el momento elegido para constituir la comisión, acusando a Piquet de intentar desviar la atención de su situación judicial. En este sentido, el portavoz socialista recordó que la alcaldesa tuvo los informes archivados durante siete meses y los reactivó tras ser citada a declarar. Además, enfatizó que la próxima comparecencia judicial de Piquet será clave para esclarecer su posible responsabilidad en la filtración de documentos policiales.
El Partido Popular, promotor de la comisión, ha defendido la necesidad de investigar las adjudicaciones, calificando de «esencial» arrojar luz sobre posibles malas prácticas. Por su parte, Vox y Más Madrid han destacado la importancia de garantizar la transparencia y depurar responsabilidades si las hubiera.
En el trasfondo, la doble vertiente de las investigaciones —la judicial sobre la alcaldesa y la municipal sobre los contratos— añade un matiz político que mantiene a Alcalá de Henares en el foco mediático. Con la próxima reunión de la comisión prevista para finales de noviembre, el desarrollo de ambas líneas de investigación será determinante para el futuro político del municipio.
