- Denuncian “abandono institucional” y aseguran haberse encontrado con “puertas cerradas”, reclamando una respuesta clara de los responsables
- Llaman a víctimas, docentes y familias a aportar información para “reconstruir la historia completa”, con posibilidad de testimonio anónimo
Durante meses, un clima de inquietud ha recorrido a parte de la comunidad educativa del Colegio Alborada. A raíz de las denuncias por presuntos abusos sexuales a menores y del avance de la investigación judicial, varias familias han decidido dar un paso al frente y fijar públicamente su posición, centrada en la exigencia de responsabilidades y en la protección efectiva del alumnado.
Las familias afectadas sostienen que su posicionamiento nace de una experiencia prolongada de desamparo. En su relato, describen un escenario marcado por la falta de respuestas claras y por una sensación persistente de que las alertas no recibieron una atención adecuada en los primeros momentos. “No es fácil alzar la voz cuando durante tanto tiempo ha imperado el miedo”, afirman, aludiendo a un contexto en el que, según explican, prevaleció el silencio.
Uno de los ejes centrales de su denuncia es lo que califican como abandono institucional. Las familias aseguran haberse encontrado “con puertas cerradas y miradas hacia otro lado” y consideran que la administración y los órganos responsables no actuaron con la diligencia necesaria para garantizar “la integridad de los menores”. En ese punto, recuerdan que el centro está sostenido con fondos públicos y subrayan que la protección de la infancia debe situarse por encima de cualquier otra consideración.
El malestar expresado conecta con el debate político abierto en torno al caso. Grupos como Más Madrid e Izquierda Unida han señalado públicamente la necesidad de aclarar qué se conocía, cuándo se conocía y qué medidas se activaron, así como el papel de la Comunidad de Madrid en la supervisión de los centros concertados. Las familias citan estas posiciones para reforzar su denuncia de inacción y opacidad en la gestión del caso.
Junto a la crítica institucional, las familias ponen el foco en las dificultades que afrontan las víctimas para denunciar. Hablan de miedo a no ser creídas, a sufrir represalias o a revivir el trauma, especialmente en un entorno educativo. “El miedo cambia de bando cuando nos unimos”, señalan, reivindicando el valor del apoyo colectivo frente al aislamiento individual.
En este contexto, las familias han iniciado un llamamiento dirigido a personas que puedan aportar información relevante. Solicitan testimonios de otras posibles víctimas, de docentes y exdocentes que hayan detectado conductas inapropiadas o alertas previas, y de personal no docente o familias con conocimiento directo de los hechos. Subrayan que los testimonios pueden ser anónimos en una primera fase y consideran que “cualquier dato, rumor confirmado o experiencia vivida” puede resultar clave para reconstruir lo ocurrido.
Una parte relevante del alumnado afectado presenta Trastorno del Espectro Autista (TEA), circunstancia que, según las familias, incrementa la vulnerabilidad y dificulta la detección temprana de situaciones de abuso. Este elemento ha sido señalado también en el marco de la investigación judicial como un factor a tener en cuenta tanto en la valoración de los hechos como en el acompañamiento posterior a los menores y sus entornos.
Las familias insisten en que su reivindicación no responde a una lógica de confrontación, sino a la necesidad de garantizar un entorno escolar seguro. Resumen su objetivo en tres conceptos: “Verdad, Justicia y Reparación”, y reclaman que se depuren responsabilidades “por acción u omisión” para evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.
Mientras la causa judicial continúa su curso y se analizan posibles responsabilidades penales y administrativas, la posición de las familias añade una nueva dimensión al debate público. La exigencia de transparencia, de protección efectiva de la infancia y de garantías de no repetición se consolida como uno de los ejes centrales de un caso que sigue teniendo un profundo impacto en la comunidad educativa.
