- La denuncia de Más Madrid apunta a posibles delitos contra la salud pública y prevaricación administrativa.
- Las piscinas municipales del Val y el Juncal permanecieron abiertas pese a informes que confirmaban contaminación bacteriana.
La gestión de las piscinas municipales en Alcalá de Henares durante el verano de 2025 ha derivado en un procedimiento judicial. La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación después de la denuncia presentada por Más Madrid, que cuestiona la actuación del Gobierno municipal de PP y Vox en lo que se ha denominado la “crisis de las piscinas contaminadas”.
Según el escrito remitido a Fiscalía, los hechos podrían constituir varios presuntos delitos, entre ellos contra la salud pública, prevaricación administrativa y desobediencia grave por la inejecución de resoluciones sanitarias firmes. La denuncia se fundamenta en la secuencia de actuaciones desde finales de junio.
El 27 de junio de 2025, la Inspección Sanitaria municipal tomó muestras de agua en los vasos de las piscinas de verano de la Ciudad Deportiva Municipal del Val y del Juncal, siguiendo lo estipulado por la normativa sanitaria vigente. Sin embargo, pese a que los resultados de dichos análisis aún no estaban disponibles, las instalaciones abrieron al público al día siguiente, 28 de junio.
Tres días después, el 30 de junio, el Laboratorio Municipal emitió informes en los que se detectó la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en tres vasos distintos, superando el límite legal permitido. Este hallazgo motivó que el 1 de julio se dictaran resoluciones de precinto inmediato y suspensión del uso de los vasos afectados, dada la consideración de riesgo para la salud pública.
A pesar de esas resoluciones, las piscinas siguieron abiertas al público sin constar informes técnicos que anulasen los precintos ni documentación que justificara la decisión. De esta manera, usuarios, incluidos menores de edad, continuaron expuestos a una bacteria capaz de provocar infecciones cutáneas, otitis, conjuntivitis o, en casos más graves, afecciones severas en personas con sistemas inmunitarios comprometidos.
Más Madrid sostiene que esta actuación vulnera la normativa sanitaria y podría suponer un delito por imprudencia grave u omisión de deber legal, al poner en riesgo la salud de centenares de vecinos. En palabras de Rosa Romero, concejala portavoz de la formación: “Nuestra obligación como oposición al Gobierno municipal del Partido Popular y Vox es vigilar su gestión y exigir que se proteja en todo momento la salud y el bienestar de los vecinos y vecinas. Ahora será la Justicia quien depure responsabilidades”.
La investigación se centra en aclarar si existió responsabilidad política o administrativa en la apertura y mantenimiento de las instalaciones pese a la confirmación de contaminación bacteriana. Más Madrid reclama que el Gobierno municipal facilite a la Justicia toda la documentación que, según afirman, no ha compartido con la oposición.
