- El anteproyecto se somete a consulta pública a través del Portal de Transparencia antes de su debate parlamentario.
- La norma plantea crear una Agencia independiente y reforzar la capacidad de decisión de los usuarios.
Los servicios sociales afrontan una reforma que busca situar al usuario en el centro de las decisiones. El anteproyecto de la futura Ley de Calidad y Libre Elección de la Comunidad de Madrid ha iniciado su periodo de consulta pública, lo que permitirá a entidades, profesionales y ciudadanía opinar antes de su paso por la Asamblea. Con esta medida se abre un proceso que pretende cambiar la forma en que los madrileños acceden a los recursos de apoyo social.
El texto plantea que las familias puedan escoger entre distintos recursos, entidades o modalidades de atención en función de sus necesidades. Se trata de un modelo que amplía la libertad de elección, en un contexto donde la red de servicios se compone de centros públicos, concertados y privados que conviven en la prestación de apoyos.
Uno de los elementos más destacados es la creación de la Agencia Madrileña de Calidad de los Servicios Sociales. Este organismo asumirá tareas de supervisión, evaluación e inspección, además de gestionar los registros oficiales de entidades acreditadas. También se encargará del mantenimiento y desarrollo de los inmuebles vinculados a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Con ello, se pretende centralizar competencias que hasta ahora recaían en la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación.
La concentración de funciones en una sola institución busca agilizar los procesos y reforzar la independencia de la supervisión. El proyecto contempla incluso la creación de un cuerpo específico de inspectores, con capacidad para garantizar que los estándares de calidad se cumplan en todos los recursos.
El anteproyecto, publicado en el Portal de Transparencia, permanecerá abierto a aportaciones ciudadanas. Esta fase previa a la tramitación parlamentaria forma parte de los requisitos de participación pública en la elaboración de normas con impacto social.
La nueva ley aspira a redefinir la gestión de los servicios sociales en Madrid, en un momento en el que la demanda por atención a la dependencia y el envejecimiento poblacional marcan la agenda. Su recorrido en la Asamblea y el posterior desarrollo reglamentario determinarán hasta qué punto el refuerzo de la libre elección se traduce en mejoras reales para usuarios y familias.
