- La nueva regulación reduce la jornada ordinaria de 37,5 a 35 horas semanales, con un cómputo anual de 1.533 horas.
- La medida afecta a unos 250.000 empleados públicos y requiere adaptar calendarios y sistemas de control horario.
La jornada laboral de los empleados públicos de la Administración General del Estado queda fijada en 35 horas semanales desde el 16 de abril de 2026. La medida, aprobada mediante resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, reduce el horario ordinario anterior, establecido en 37,5 horas semanales.
La resolución, fechada el 14 de abril y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de abril, establece un cómputo anual de 1.533 horas de trabajo efectivo. Su aplicación alcanza al personal de la Administración General del Estado, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, organismos autónomos, agencias y otras entidades vinculadas o dependientes de la AGE.
Según la información difundida por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la reducción afecta aproximadamente a 250.000 empleados públicos. La norma no se aplica al personal militar de las Fuerzas Armadas ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tampoco se extiende de forma directa a entidades locales ni a otras administraciones.
Los departamentos, organismos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación disponen de un mes desde la entrada en vigor para adaptar sus calendarios laborales y sistemas de control horario. La resolución señala que estos ajustes deberán garantizar la prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía, especialmente en oficinas de atención al público, registros y servicios con horarios específicos.
La nueva regulación también modifica la jornada de los puestos de especial dedicación. En estos casos, el horario ordinario pasa de 40 a 37,5 horas semanales, aunque se mantiene la posibilidad de ampliarlo de forma puntual cuando las necesidades del servicio lo requieran.
Entre las novedades incorporadas figura el reconocimiento expreso de las personas cuidadoras. La norma amplía las medidas de flexibilidad horaria para empleados públicos que tengan a su cargo personas dependientes que convivan en el mismo domicilio y que, por edad, accidente o enfermedad, no puedan valerse por sí mismas.
La implantación de la jornada de 35 horas se produce tras el acuerdo alcanzado el 27 de marzo en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. La medida se aplicará de forma progresiva en la organización interna de cada departamento, con el objetivo de ajustar horarios sin alterar la continuidad de los servicios públicos.