- El anteproyecto permitirá que el concebido cuente a efectos de ayudas, becas y beneficios fiscales.
- La norma se integra en la Estrategia 2022/26 de natalidad y conciliación, con precedentes parciales en Galicia.
El Gobierno regional ha anunciado la preparación de una nueva ley autonómica que considerará al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. La propuesta, adelantada en una entrevista televisiva por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, forma parte de las medidas incluidas en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022/26.
De aprobarse, Madrid se convertiría en la primera comunidad autónoma en extender este reconocimiento a todas las familias, frente a Galicia, donde la normativa vigente se aplica únicamente a las familias numerosas.
El texto legislativo, cuyo anteproyecto se prevé aprobar en los próximos meses, permitirá que desde el momento en que se acredite un embarazo el concebido se contabilice a efectos de calcular la renta familiar. Con ello, las familias podrán acceder a ayudas como becas de Bachillerato, programas de comedor escolar, subvenciones para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados o el plan de alquiler joven.
Uno de los aspectos más destacados es que las familias con dos hijos y un embarazo en curso podrán beneficiarse de las ventajas reservadas a las familias numerosas. También se aplicará a la fiscalidad autonómica, con deducciones en el IRPF, bonificaciones por gastos escolares y exenciones de tasas en gestiones administrativas o en la compra de vivienda de segunda mano.
Para acceder a estos beneficios será necesario presentar un informe médico que certifique la gestación y la fecha prevista de parto. De esta forma, las ayudas podrán solicitarse desde el inicio del embarazo, sin necesidad de esperar al nacimiento.
La aplicación de la norma exigirá además cambios en las disposiciones legales de competencia autonómica en materia tributaria. Esta iniciativa se suma a otras medidas desarrolladas en los últimos años, como las ayudas de 500 euros mensuales a madres gestantes menores de 30 años.
El proyecto todavía debe completar el recorrido parlamentario, pero, de salir adelante, supondría un precedente en el reconocimiento jurídico del concebido en España y podría servir de referencia para el diseño de futuras políticas de natalidad en otras comunidades.
