- La protesta denuncia el traslado y la deportación de menores desde zonas ocupadas y alerta de sus efectos familiares, educativos y psicológicos.
- Los convocantes citan cifras de instituciones ucranianas y ONG y recuerdan las órdenes de arresto de la CPI por estos hechos.
La comunidad ucraniana y colectivos de apoyo salieron a la calle en el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania con una reivindicación concreta: exigir la devolución de los menores trasladados o deportados desde territorios ocupados. Según cifras municipales, en la ciudad residen alrededor de 1.500 ciudadanos ucranianos, un dato que ayuda a dimensionar la presencia de esta causa en el debate local.
La movilización, convocada para el lunes 24 de febrero, arrancó a las 20:00 en la parroquia Nuestra Señora de Belén, en la Avenida del Ejército, y concluyó en la Plaza de Cervantes. El recorrido buscó trasladar la denuncia al centro urbano y visibilizar una cuestión que los organizadores sitúan entre las más sensibles de la guerra: qué ocurre con los niños que han quedado bajo control ruso.
La fecha del 24 de febrero funciona como un hito de referencia desde 2022, pero los convocantes enmarcan el conflicto en un ciclo más largo que sitúan en 2014. Ese encuadre sirve, según el mensaje difundido para la marcha, para insistir en que el impacto sobre la infancia no es un fenómeno aislado ni limitado a un momento concreto del frente, sino una consecuencia acumulada de la ocupación, los desplazamientos y la ruptura de vidas familiares.
El núcleo de la denuncia se centra en dos escenarios. Por un lado, el traslado a territorio ruso o a áreas bajo control ruso de menores procedentes de zonas ocupadas; por otro, el riesgo de desplazamiento de niños que permanecen en esos territorios, en un contexto en el que —según los organizadores— no existe transparencia suficiente para conocer el alcance real de estos movimientos. La falta de estadísticas completas publicadas por Rusia es, para los convocantes, una parte del problema: dificulta saber cuántos menores han sido afectados y en qué circunstancias.
En su argumentario, las entidades promotoras incorporan cifras atribuidas a instituciones ucranianas y a organizaciones de derechos humanos para poner escala a la denuncia, con el matiz de que se trata de estimaciones o recuentos parciales. Entre los datos citados figura la referencia a al menos 46.000 menores obligados a adquirir la ciudadanía rusa y a alrededor de 1,6 millones de niños bajo control ruso, ya sea por traslado, deportación o residencia en territorios ocupados. También se menciona que el Ministerio de Justicia de Ucrania tramita en torno a 20.000 casos vinculados a posibles deportaciones y traslados forzosos.
Más allá del debate sobre el número exacto, los convocantes subrayan el daño que estos procesos pueden generar en los menores y en sus familias. La separación del entorno familiar, la interrupción de la escolarización y el paso a sistemas educativos y administrativos diferentes aparecen como factores que pueden dejar huellas a largo plazo. A esa fractura se añade, según la convocatoria, la pérdida de vínculos culturales y lingüísticos, con el riesgo de que el retorno —si llega— sea más complejo y doloroso.
El asunto ha ido ganando peso en la agenda internacional desde el inicio de la invasión de 2022. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, por la presunta deportación y traslado ilegal de menores ucranianos en el marco de una investigación por crímenes de guerra.
En la protesta participaron también representantes de la corporación municipal, entre ellos los concejales Esther De Andrés Domínguez y Antonio Saldaña, según comunicó el Ayuntamiento en sus canales públicos. La marcha cerró con mensajes centrados en la devolución de los menores y en la exigencia de responsabilidades, una idea que los organizadores resumen en un punto: aunque falten datos completos, la urgencia no depende de una cifra, sino de cada niño que sigue fuera de su hogar.