- La moción para que el Ayuntamiento ofreciera acompañamiento judicial gratuito a víctimas de robos y hurtos fue rechazada en el Pleno del 16 de diciembre.
- Más Madrid afirma que la medida contaba con unas 800 firmas vecinales y pone como ejemplo un servicio similar ya en marcha en Rivas.
La preocupación por los robos y hurtos se ha instalado desde hace meses en la conversación cotidiana de Espartales, un barrio joven y muy residencial donde el ruido de un portal forzado o un coche abierto se convierte rápido en tema común. En ese clima, el debate político ha girado esta semana hacia los juzgados: qué puede hacer (y qué no) el Ayuntamiento cuando hay una sucesión de delitos que afecta a muchas familias.
En el Pleno municipal del 16 de diciembre, PP y Vox votaron en contra de la propuesta de Más Madrid para que el Ayuntamiento impulsara un servicio gratuito de acompañamiento judicial a personas afectadas por robos y hurtos. La iniciativa planteaba, según la formación, que el Consistorio facilitara orientación y apoyo legal durante el proceso judicial y, llegado el caso, pudiera personarse en procedimientos relacionados con una problemática que consideran colectiva.
Más Madrid sostiene que el rechazo deja a los vecinos “por su cuenta y riesgo” en una fase especialmente desgastante: la que empieza después de la denuncia. “No todo el mundo tiene el dinero, el tiempo y la fuerza para contratar un abogado”, afirma la formación, que enmarca la medida como una respuesta práctica cuando el volumen de casos supera lo anecdótico y pasa a ser un problema de barrio.
El grupo municipal insiste en que el planteamiento no es teórico y señala un precedente reciente en Rivas Vaciamadrid. “Hay una alternativa viable que funciona”, defiende Más Madrid, que menciona que el Ayuntamiento de ese municipio se personó el 23 de octubre en una causa vinculada a robos en viviendas y comercios, un paso que, según su relato, contribuyó a que se acordara prisión provisional para un presunto reincidente.
En su valoración, la portavoz de Más Madrid, Rosa Romero, contrapone la negativa a sufragar este tipo de apoyo a víctimas con otras actuaciones del Gobierno local. “Para los robos no persona al Ayuntamiento en los juzgados. Para perseguir mi libertad de expresión sí”, afirma, aludiendo a un procedimiento relacionado con un tuit de la formación publicado hace aproximadamente un año.
Ese mensaje, explica Romero, daba visibilidad a quejas vecinales vinculadas al Plan Vive, un programa autonómico de vivienda en alquiler que ha generado protestas en distintos municipios por cuestiones de mantenimiento y condiciones contractuales. Según la portavoz, el origen del conflicto no fue la legalidad de sanciones o trámites concretos, sino el malestar de los inquilinos, que acudieron al Pleno para denunciar desperfectos y cláusulas que consideran abusivas.
Más allá de la discusión sobre seguridad, Más Madrid conecta el episodio con una crítica más amplia de “abandono institucional” en Espartales: limpieza y mantenimiento, equipamientos deportivos y de ocio, y la situación de algunos bloques de vivienda pública. Romero menciona problemas como inundaciones en garajes, robo de cableado o ascensores averiados, y lamenta que no se haya activado una oficina de atención y mantenimiento en un local de la Agencia de Vivienda Social en el barrio.
En ese diagnóstico, la respuesta no debería limitarse a “más policía” o a medidas puntuales, sino a un enfoque que combine prevención, mantenimiento urbano y atención social, sin dejar fuera —subraya el grupo— el acompañamiento a quienes ya han sufrido un robo. “La respuesta no debe ser únicamente policial”, concluye Romero.
Tras el Pleno, la discusión queda abierta: la moción ha caído, pero el malestar vecinal no se ha ido. Si las denuncias continúan y la presión del barrio se mantiene, el debate sobre si el Ayuntamiento debe entrar también en la fase judicial —y con qué fórmula concreta— apunta a volver a la agenda política municipal en los próximos meses.