- La edil afirma que las medidas se reforzaron tras amenazas de muerte a dos miembros del Gobierno municipal.
- El refuerzo respondió también a una orden del Ministerio del Interior en el marco del Nivel 4 del Plan Antiterrorista.
La gestión del dispositivo de seguridad durante la pasada Semana Santa en Alcalá de Henares ha desatado un nuevo enfrentamiento entre el equipo de Gobierno y la oposición. La concejala de Seguridad Ciudadana, Orlena de Miguel (PP), ha salido al paso de las críticas del PSOE local, que cuestionó la necesidad y el coste del operativo desplegado durante los actos religiosos.
De Miguel ha defendido la actuación del Ayuntamiento, asegurando que el refuerzo de la seguridad estuvo motivado por dos factores principales: la existencia de amenazas de muerte a dos miembros del Gobierno municipal y una instrucción directa del Ministerio del Interior, que el pasado 10 de abril ordenó reforzar las medidas de prevención y protección dentro del Nivel 4 del Plan Antiterrorista.
“Es deleznable criticar un dispositivo de seguridad mientras se investigan amenazas de muerte a miembros del Gobierno municipal”, ha afirmado la concejala. Según ha explicado, las amenazas fueron formuladas por un activista de extrema izquierda y actualmente están siendo investigadas por la Policía Nacional. Además, un juzgado de Alcalá ha abierto diligencias.
La concejala ha recalcado que la orden ministerial incluía recomendaciones específicas para actos de gran afluencia, especialmente los de carácter religioso.
En cuanto a las críticas socialistas sobre el posible gasto excesivo, De Miguel ha aclarado que el dispositivo se organizó con medios ordinarios del propio Ayuntamiento, sin partidas extraordinarias, algo que, en su opinión, demuestra una gestión eficaz.
También ha aprovechado para comparar el modelo actual con el anterior, liderado por el exalcalde socialista Javier Rodríguez Palacios. De Miguel ha denunciado que, durante ese mandato, la estructura de seguridad estaba “sobredimensionada” y se realizaron gastos que ha calificado de “absurdos”, como la compra de chalecos antibalas para voluntarios de Protección Civil.
El cruce de declaraciones ha tensado aún más el clima político en la ciudad. Mientras el equipo de Gobierno defiende su actuación como “responsable y proporcionada”, desde el PSOE insisten en que la seguridad no puede utilizarse como “cortina de humo” para justificar lo que consideran un exceso de medios en una ciudad sin incidentes reseñables durante esas fechas.
La polémica llega en un momento de especial sensibilidad institucional, con la seguridad ciudadana en el centro del debate. De Miguel, por su parte, ha zanjado la cuestión instando al PSOE a “no utilizar la seguridad como arma política”.