- El sindicato alerta de inundaciones, goteras y fallos en los controles de agua en la Ciudad Deportiva de Espartales.
- Según exponen, una inspección sanitaria de la Comunidad de Madrid ha detectado irregularidades mientras CGT reclama más personal y soluciones urgentes.
La situación de la piscina cubierta de la Ciudad Deportiva Municipal de Espartales vuelve a estar en el punto de mira. La delegación sindical de CGT en el Ayuntamiento asegura que, tras las primeras lluvias de noviembre, las deficiencias que arrastra esta instalación desde hace más de un año siguen sin resolverse y califica el estado actual de las piscinas de «alarmante», especialmente por su posible impacto en la salud y la seguridad de las personas usuarias.
Según detalla el sindicato en un comunicado, las lluvias de comienzos de mes han provocado la inundación de varios vestuarios a causa de goteras ya conocidas desde 2024. Entonces se difundieron vídeos denunciando la aparición de filtraciones de agua en distintos puntos del complejo deportivo y, un año después, CGT afirma disponer de nuevas imágenes que muestran una situación prácticamente idéntica a fecha del 7 de noviembre de 2025.
Las quejas de la organización, sin embargo, no se limitan al estado de la infraestructura. CGT habla de incidencias diarias relacionadas con el funcionamiento ordinario de la piscina y con el cumplimiento de las medidas básicas de prevención. Entre otros aspectos, señalan que en numerosas ocasiones las instalaciones se abren a primera hora sin la presencia de un socorrista en el recinto, pese a que la normativa autonómica establece la obligación de contar con este perfil profesional durante el horario de uso público.
El sindicato también pone el foco en los controles rutinarios de la calidad del agua. De acuerdo con su versión, las muestras para el análisis se toman con frecuencia cuando los usuarios ya están dentro de la piscina, y no antes de la apertura, como marcan las recomendaciones sanitarias para este tipo de instalaciones. Además, denuncian que en el libro de control de muestras aparecen «numerosas hojas en blanco», lo que interpretan como un síntoma de la falta de registro sistemático de estos controles.
CGT vincula estos problemas con la ausencia de personal suficiente para asumir las tareas de supervisión y mantenimiento. Según explica, determinadas funciones de control se habrían visto resentidas por la falta permanente de trabajadores asignados y por la acumulación de tareas en los equipos existentes. Esta situación, advierten, aumenta el riesgo de que pequeñas incidencias técnicas o higiénico-sanitarias no se detecten y corrijan a tiempo.
En este contexto, la organización sindical recuerda que hace una semana la Inspección Sanitaria, dependiente de la Comunidad de Madrid, realizó una visita rutinaria a la Ciudad Deportiva de Espartales. Durante esa inspección, señalan, se habrían podido comprobar algunas de las irregularidades que ahora se hacen públicas. Las conclusiones oficiales aún no se han difundido, pero deberán plasmarse en los informes preceptivos que el organismo autonómico emite tras este tipo de actuaciones.
Mientras se conocen los resultados de la inspección, CGT insta a los responsables del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal a intervenir de manera inmediata. El sindicato reclama que se revisen las goteras y filtraciones que afectan a los vestuarios, que se garantice la presencia de socorristas en todo el horario de apertura y que se refuercen los equipos encargados de los controles de agua y de las tareas de mantenimiento.
La denuncia de CGT vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el estado de las instalaciones deportivas municipales y los recursos destinados a su conservación. A la espera de los informes de la Inspección Sanitaria, el futuro de la piscina cubierta de Espartales pasa por corregir las deficiencias detectadas y asegurar unos estándares de seguridad acordes con el uso intensivo que tiene este equipamiento. De ello dependerá, en última instancia, que los vecinos puedan seguir utilizando la instalación con la confianza de que se trata de un servicio público seguro y plenamente operativo.
