- Un grupo de adolescentes de CAJE se reunió el martes 14 de octubre con el ministro Pablo Bustinduy para compartir medidas.
- Piden anuncios más veraces, límites a bebidas energéticas y avisos sobre riesgos de consumo excesivo de ultraprocesados.
El debate sobre la influencia de la publicidad en los hábitos de consumo de la infancia ha salido del aula para sentarse en la mesa del Gobierno. Un grupo de chicas del Colectivo de Acción para el Juego y la Educación (CAJE), tras un proceso participativo impulsado por la Plataforma de Infancia, acudió el martes 14 de octubre a la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para trasladar sus propuestas. No fue una visita protocolaria: llegaron con conclusiones trabajadas en talleres y con un objetivo claro, reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a mensajes comerciales que condicionan su alimentación.
El encuentro con el ministro Pablo Bustinduy se enmarca en un taller en el que participaron más de 35 chicas y chicos de Alcalá de Henares. Durante esa experiencia, analizaron cómo se presentan los productos en anuncios, qué técnicas se usan para captar atención —desde juguetes a estéticas gamificadas— y qué información falta para tomar decisiones informadas. Según los datos manejados en el proceso, más del 80% de la publicidad de alimentos que ven los menores promociona productos poco saludables, una exposición que golpea con mayor intensidad a los hogares con menos ingresos, donde el consumo de refrescos azucarados se multiplica por ocho respecto a otros hogares.
En la reunión, las participantes defendieron que la comunicación comercial sea «más realista y menos engañosa». Reclamaron límites específicos para las bebidas energéticas —con publicidad solo para mayores de 18 años— y que cualquier promoción de ultraprocesados incluya mensajes de advertencia sobre los riesgos de un consumo excesivo. También pidieron claridad en Internet y redes sociales, ámbitos donde la publicidad aparece integrada en contenidos de entretenimiento o influencers, y espacios cotidianos como medios de transporte y soportes urbanos, donde la exposición es constante.
Las voces juveniles ocuparon un lugar central. «Nos parece importante que los anuncios no sean engañosos y que se diga la verdad sobre lo que comemos. A veces los anuncios parecen divertidos o con juguetes, pero no te cuentan si esa comida puede hacer daño si la tomas todos los días», explicó Dunia, una de las asistentes. Su compañera Lamar subrayó la dimensión de derechos: «Queremos que la publicidad de alimentos sea respetuosa con nuestra salud y con nuestros derechos. No solo queremos que nos vendan cosas, también queremos información para poder decidir».
El movimiento enlaza con la campaña “Publi con Coco”, impulsada por la Plataforma de Infancia, que agrupa propuestas para no dejarse engañar por ciertos mensajes comerciales y reivindica el derecho de la infancia a recibir información comprensible. En ese contexto, las adolescentes recordaron declaraciones del propio Ministerio sobre la elevada exposición publicitaria anual que soportan las y los menores, y la necesidad de que cualquier regulación alcance tanto a los formatos tradicionales como a las nuevas técnicas de marketing digital.
Entre las ideas trasladadas destacan tres líneas: mejorar la veracidad y comprensibilidad de los mensajes, restringir la promoción de bebidas energéticas a mayores de 18 y acompañar los ultraprocesados de advertencias sobre sus efectos si se consumen en exceso. Las organizaciones de infancia añaden, además, una petición de marco regulatorio integral que incluya todos los soportes y técnicas —desde televisión a contenidos patrocinados y anuncios segmentados— y que eleve la protección hasta los 18 años.
La reunión pretende abrir una conversación sostenida entre jóvenes, organizaciones y administraciones sobre consumo responsable y salud pública. CAJE y la Plataforma de Infancia sitúan así a la infancia y la adolescencia en el centro del debate regulatorio: escuchar a quienes reciben los mensajes comerciales no es una cortesía, es una condición para que la norma sea eficaz. El siguiente paso, subrayan, pasa por concretar medidas que hagan valer el derecho a una información clara y por evaluar su impacto en los entornos donde más se concentra la publicidad que ven las y los menores.
