- El juzgado continúa el procedimiento abreviado contra la alcaldesa por presuntos delitos de custodia y revelación de información.
- Los socialistas reclaman su dimisión y preguntan a Vox si mantendrá su apoyo al Gobierno municipal encabezado por la dirigente popular.
El PSOE de Alcalá de Henares ha reclamado la dimisión inmediata de la alcaldesa, Judith Piquet, después de que el juzgado encargado de investigar la presunta filtración de un informe de la Policía Local haya acordado continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado.
«Judith Piquet debería dimitir hoy mismo como alcaldesa antes de verse sentada en un banquillo defendiendo lo indefendible y manchando el nombre de Alcalá de Henares», ha afirmado el portavoz socialista y exalcalde de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios.
La resolución judicial aprecia indicios para proseguir el procedimiento contra Piquet por hechos que podrían constituir delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Este paso supone el cierre de la fase de instrucción, aunque todavía no constituye una condena ni determina por sí solo la apertura definitiva del juicio oral. Corresponderá ahora a las acusaciones formular sus escritos y solicitar la apertura del juicio o el archivo de la causa.
Según las informaciones publicadas sobre el auto, la investigación sostiene que la alcaldesa habría obtenido o facilitado la difusión de una fotografía de un informe policial interno y que esta imagen terminó en poder del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien la publicó en su cuenta de X el 18 de enero de 2024. Piquet ha negado durante el procedimiento haber accedido al documento o haber participado en su filtración.
El origen de la investigación
Los hechos se remontan a enero de 2024, durante la polémica política generada por la llegada de migrantes al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación instalado en Alcalá de Henares.
El 17 de enero de aquel año, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, relacionó públicamente la presencia del centro con diferentes problemas de seguridad y con denuncias por agresiones sexuales. La Delegación del Gobierno negó posteriormente que las personas alojadas en el dispositivo estuvieran vinculadas con esos hechos.
Al día siguiente, Alfonso Serrano difundió en X una fotografía de un documento policial relativo a una denuncia. Serrano declaró posteriormente como testigo y negó que el informe le hubiera llegado desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
La investigación trata de determinar cómo salió el documento de las dependencias municipales y cuál fue la participación de las personas investigadas. Además de Piquet, la causa afecta al entonces responsable de Comunicación del Ayuntamiento, al que la resolución atribuye una posible intervención en la fotografía o traslado del informe.
El auto atribuye de manera indiciaria a la alcaldesa la voluntad de trasladar la información a la dirección regional del PP. Entre los elementos recogidos por las informaciones que han tenido acceso a la resolución aparece la expresión «hay que salvar a la presidenta, hay que salvar a la jefa y hay que trasladar esto a Madrid».
El PSOE exige responsabilidades políticas
El PSOE, personado en el procedimiento como acusación popular, considera que el avance de la causa confirma las denuncias que formuló en 2024.
«Al final, el tiempo nos da la razón y los hechos que denuncié provocaron la investigación y que finalmente la alcaldesa tenga que rendir cuentas ante la Justicia», ha señalado Rodríguez Palacios.
El portavoz socialista sostiene que la difusión del documento tuvo consecuencias tanto políticas como policiales. «Es muy grave filtrar información policial. Con la filtración de ese informe se sembró la xenofobia y, además, se dificultó la investigación de un delito», ha declarado.
Los socialistas recuerdan que el caso investigado partía de una denuncia por una agresión a una mujer de Alcalá, pero mantienen que el presunto responsable no tenía relación con las personas migrantes alojadas en el CAED.
Rodríguez Palacios también ha pedido explicaciones a Alfonso Serrano y le ha reclamado que aclare quién le facilitó la imagen. Durante su declaración como testigo, el dirigente popular negó conocer la procedencia municipal del documento y aseguró que no recordaba quién se lo había enviado.
La petición a Vox
El PSOE ha dirigido además su presión hacia Vox, socio del Partido Popular en el Gobierno municipal surgido tras las elecciones de 2023.
La formación socialista pregunta si el portavoz de Vox y primer teniente de alcalde, Víctor Acosta, mantendrá su apoyo a un Ejecutivo encabezado por una alcaldesa contra la que ha avanzado el procedimiento judicial.
«La cuestión ahora es si Vox y el señor Víctor Acosta sostienen un Gobierno encabezado por una persona procesada y a la espera de juicio», señala el comunicado socialista.
La petición llega después de varias semanas de enfrentamientos públicos entre PP y Vox en Alcalá. Acosta llegó a afirmar en julio que el Partido Popular había hecho «saltar por los aires el pacto de gobierno», aunque ambas formaciones continúan formando parte del Ejecutivo municipal.
El artículo 417 del Código Penal establece para la autoridad o funcionario que revele informaciones conocidas por razón de su cargo y que no deban divulgarse penas de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público. La aplicación concreta de este precepto y la eventual responsabilidad de Piquet deberán ser determinadas por el tribunal, manteniéndose mientras tanto su presunción de inocencia.