- Rodríguez Palacios considera “políticamente insostenible” la continuidad de Piquet y reclama que abandone la Alcaldía.
- Fiscalía solicita también 16 meses de multa para la alcaldesa y Raúl Castillo por presunta revelación de secretos.
El PSOE de Alcalá de Henares ha exigido la dimisión inmediata de la alcaldesa, Judith Piquet, después de conocerse que la Fiscalía solicita para ella dos años y seis meses de inhabilitación por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. El Ministerio Público reclama además 16 meses de multa y solicita las mismas penas para Raúl Castillo, director de Comunicación de la alcaldesa cuando ocurrieron los hechos. El escrito de acusación, registrado el 16 de septiembre, pide también la apertura de juicio oral.
El portavoz socialista y candidato a la Alcaldía, Javier Rodríguez Palacios, considera que la situación es “políticamente insostenible” y reclama la salida de Piquet. “Judith Piquet debe dimitir. Alcalá no puede tener una alcaldesa sobre la que la Fiscalía pide dos años y medio de inhabilitación por unos hechos relacionados con la utilización de información policial para intentar salvar políticamente a Ayuso”, ha señalado. Según el escrito de Fiscalía conocido esta semana, Piquet habría fotografiado un informe de la Policía Local y habría dicho a Castillo: “hay que salvar a la presidenta, hay que salvar a la jefa, hay que trasladar esto a Madrid”.
Los socialistas reclaman que se aclare quién tuvo acceso al documento, cómo se difundió y de qué manera terminó en manos del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que posteriormente publicó una imagen del informe en X. La Fiscalía no dirige acusación contra Serrano, aunque ha solicitado que declare como testigo en el juicio. Rodríguez Palacios sostiene que “nuestra Policía Local no está para salvar a Ayuso ni para fabricar argumentos políticos. Está para proteger a los vecinos y vecinas de Alcalá. Si Piquet utilizó información policial con ese objetivo, debe asumir responsabilidades políticas”.
El PSOE está personado como acusación popular en la causa y mantiene su petición de que se investigue el origen y el recorrido de la información policial difundida. La petición formulada por la Fiscalía no supone una condena y será el tribunal el encargado de determinar las posibles responsabilidades si finalmente se celebra el juicio. Durante la investigación, Piquet negó haber tenido acceso al informe policial o haber participado en su filtración.