- El relevo en la presidencia llega tras meses de tensión entre los rectores y el Gobierno regional por el modelo de financiación universitaria.
- La presidencia de la CRUMA ha estado encabezada por José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá, durante el último mandato.
El cambio al frente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) se produce en un momento clave para el sistema universitario madrileño. La rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, toma el relevo en la presidencia de la organización tras la etapa encabezada por el rector de la Universidad de Alcalá (UAH), José Vicente Saz, con la financiación universitaria aún en el centro del debate político.
Durante el mandato de Saz, la CRUMA ha mantenido un pulso constante con el Gobierno regional por el modelo económico que debe sostener a las universidades públicas en los próximos años. La negociación se ha intensificado a raíz de la elaboración de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), una norma llamada a redefinir la relación financiera entre la Comunidad de Madrid y los campus públicos.
El relevo en la presidencia no implica un cambio de escenario inmediato. Las seis universidades públicas madrileñas —Alcalá, Autónoma, Complutense, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos— continúan reclamando un marco de financiación que consideran insuficiente para garantizar la estabilidad de plantillas, la inversión en infraestructuras y el mantenimiento de la actividad docente e investigadora.
Según el planteamiento conocido del Ejecutivo regional, el modelo previsto en la LESUC se articula en tres tramos: una financiación básica destinada a personal e inversiones estructurales, otra ligada a necesidades específicas como infraestructuras y una tercera vinculada al cumplimiento de objetivos. A ello se suma el principio de “corresponsabilidad”, que introduce la obligación de que las universidades incrementen progresivamente sus ingresos a través de vías distintas a las transferencias públicas.
Este enfoque ha sido uno de los principales puntos de fricción durante la presidencia de Saz. En diciembre, los rectores trasladaron de forma conjunta su insatisfacción con el contenido del borrador normativo y reclamaron modificaciones sustanciales antes de su aprobación. La tensión se reflejó también en las movilizaciones universitarias de noviembre, con dos jornadas de huelga convocadas por estudiantes y trabajadores para denunciar una infrafinanciación que las universidades sitúan como estructural desde la crisis de 2008.
Desde la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo autonómico defiende que el presupuesto destinado a la universidad pública ha aumentado en los últimos años y sostiene que la futura ley permitirá establecer una financiación plurianual que aporte mayor previsibilidad a los centros. El Gobierno regional ha señalado además su intención de alcanzar un acuerdo con los rectores y llevar la LESUC a la Asamblea en 2026.
El relevo en la presidencia no altera el fondo del conflicto. Tras la etapa encabezada por el rector de la Universidad de Alcalá, la CRUMA afronta ahora una nueva fase de negociación con el Gobierno regional, con la financiación universitaria y la futura LESUC todavía lejos de un consenso definitivo.