- Familias y usuarios siguen sin una fecha concreta para retomar clases, entrenamientos y el uso habitual de las instalaciones.
- PP y VOX mantienen el cruce de reproches sobre la gestión del suministro mientras continúa sin anunciarse la reapertura.
Los usuarios de las piscinas de Espartales continúan pendientes de una solución que les permita recuperar el servicio mientras el cierre de las instalaciones se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto político en Alcalá de Henares. Después de semanas de advertencias, expedientes, votaciones y acusaciones entre los partidos, las piscinas terminaron cerrando y quienes utilizaban diariamente el complejo deportivo siguen sin una fecha concreta para regresar.
El problema no apareció de un día para otro. La crisis por el suministro de productos químicos ya había aflorado públicamente a finales de agosto, cuando el presidente de Ciudad Deportiva Municipal, Víctor Acosta, alertó de las dificultades para mantener el servicio si no se encontraba una alternativa al contrato existente. Desde entonces, la gestión del expediente ha estado atravesada por las discrepancias entre PP y VOX, socios del Gobierno municipal, y por las objeciones planteadas desde distintos grupos sobre la fórmula que debía utilizarse para garantizar el abastecimiento.
La situación terminó teniendo consecuencias directas el pasado viernes. El control realizado antes de la apertura detectó unos niveles de cloro insuficientes para mantener las piscinas dentro de las condiciones higiénico-sanitarias exigidas y Ciudad Deportiva decidió suspender el servicio. El cierre convirtió así una discusión que durante semanas se había desarrollado principalmente en despachos y órganos municipales en un problema tangible para vecinos, clubes y actividades deportivas.
A partir de ese momento, la búsqueda de una solución ha quedado prácticamente eclipsada por el cruce de responsabilidades. VOX sostiene que llevaba semanas alertando de que el suministro podía agotarse y considera que otros grupos bloquearon la alternativa planteada. El PP, por su parte, rechaza esa interpretación y defiende que existían mecanismos distintos para resolver el problema sin asumir un procedimiento cuestionado. El Gobierno municipal ha terminado reclamando a Acosta que adopte las medidas necesarias para recuperar el servicio con rapidez.
La concejala de Deportes, Lola López, sostiene además que el cierre podía haberse evitado porque el presidente de Ciudad Deportiva conocía desde el 31 de agosto la necesidad de buscar una alternativa. El Ejecutivo municipal ha recordado que en mayo de 2024 el organismo ya tuvo que afrontar otro problema relacionado con un contrato de productos químicos caducado y que entonces recurrió a una contratación menor para garantizar provisionalmente el servicio. Ese precedente forma ahora parte de la batalla sobre quién tenía capacidad para impedir que las piscinas terminaran cerrando.
Pero el conflicto supera ya el expediente concreto del cloro. La gestión de Ciudad Deportiva se ha convertido en un nuevo punto de fricción dentro de la coalición formada por PP y VOX. La alcaldesa había requerido a Acosta información sobre diferentes asuntos pendientes del organismo, entre ellos contratos caducados, continuidad de servicios deportivos, socorrismo, subvenciones, pagos a clubes, personal y mantenimiento de instalaciones. La crisis de Espartales ha terminado colocando esas diferencias internas en primer plano.
La oposición también ha entrado en el enfrentamiento. Más Madrid ha pedido responsabilidades tanto a Acosta como al Gobierno municipal y ha advertido de que usuarios, clubes y trabajadores están soportando las consecuencias de los problemas de gestión del organismo. La formación ha situado el cierre dentro de una situación más amplia de contratos pendientes y dificultades en Ciudad Deportiva, mientras el PSOE también ha cuestionado la actuación del Ejecutivo local durante la crisis.
El resultado, sin embargo, apenas cambia para quienes utilizan las instalaciones. Los argumentos sobre qué partido votó una determinada propuesta, quién conocía antes el problema o qué mecanismo administrativo debía haberse utilizado explican cómo se ha llegado al cierre, pero no permiten todavía a los usuarios volver a nadar. El servicio permanece condicionado a que pueda recuperarse el suministro necesario y garantizarse de nuevo el tratamiento del agua.
La situación afecta además a algo más que al uso recreativo de una piscina. Espartales forma parte de la red deportiva municipal y acoge actividades organizadas, entrenamientos y usuarios que pagan por acceder regularmente a unas instalaciones públicas. Cada jornada de cierre prolonga las consecuencias de una crisis que comenzó como un problema contractual y que ha terminado trasladándose directamente al funcionamiento cotidiano del servicio.
El enfrentamiento tampoco puede desligarse de la propia estructura del Gobierno municipal. PP y VOX comparten el Ejecutivo de Alcalá, pero la gestión deportiva se ha convertido durante las últimas semanas en un terreno de confrontación entre ambos. Que el Gobierno municipal reclame públicamente explicaciones y soluciones al responsable de un organismo presidido por uno de sus propios socios evidencia hasta qué punto se ha deteriorado la coordinación alrededor de Ciudad Deportiva.
Mientras tanto, las diferentes versiones continúan acumulándose. Unos señalan la falta de respaldo a la solución contractual propuesta; otros, la ausencia de planificación y la existencia de alternativas administrativas. El debate será relevante para depurar responsabilidades políticas, pero la cuestión inmediata sigue siendo más sencilla: recuperar cuanto antes un servicio municipal que ha terminado cerrado pese a que el riesgo de interrupción llevaba semanas encima de la mesa.
La crisis de Espartales deja así una fotografía difícil para la gestión deportiva de Alcalá. El problema era conocido, los grupos municipales tuvieron tiempo para discutir posibles soluciones y, finalmente, las piscinas cerraron. Ahora la prioridad para los usuarios no pasa por conocer una nueva ronda de reproches, sino por que se garantice el suministro con todas las garantías legales y sanitarias y se comunique una fecha clara de reapertura.
Hasta que eso ocurra, los vecinos seguirán siendo la parte que asume las consecuencias más visibles de una batalla política que comenzó mucho antes de que apareciera el cartel de cerrado en las piscinas.