- Los socialistas aseguran que la parcela cedida a la Comunidad de Madrid está valorada en más de 11 millones de euros.
- El partido eleva a más de 13 millones la aportación municipal al sumar accesos viarios y trabajos técnicos vinculados al proyecto.
El futuro intercambiador comarcal previsto en la Vía Complutense se ha convertido en un nuevo motivo de confrontación política en Alcalá de Henares. Tras el anuncio de la adjudicación de las obras por parte de la Comunidad de Madrid, el PSOE ha centrado sus críticas en el coste que, según sus cálculos, asumirá el Ayuntamiento mediante la cesión del suelo y otras actuaciones complementarias.
La infraestructura se construirá en el número 132 de la Vía Complutense, en el extremo oriental de la ciudad, y está concebida para concentrar líneas urbanas e interurbanas de autobús. El proyecto contará con 16 líneas, cinco de ellas urbanas y once interurbanas, además de salas climatizadas, zonas ajardinadas y un aparcamiento con 161 plazas.
La Comunidad de Madrid ha cifrado en 10,8 millones de euros la inversión destinada a las obras. La previsión autonómica es iniciar los trabajos después del verano, con un plazo aproximado de ejecución de diez meses y la entrada en funcionamiento de la instalación durante el segundo semestre de 2027.
El nuevo intercambiador tendrá un carácter comarcal y dará servicio tanto a Alcalá como a municipios del Corredor del Henares. Entre las localidades conectadas figuran Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fuente el Saz de Jarama, Los Santos de la Humosa, Meco, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo y Villalbilla.
En este contexto, el Grupo Municipal Socialista sostiene que el gobierno PP-Vox ha cedido gratuitamente a la Comunidad de Madrid la parcela municipal necesaria para ejecutar el proyecto. Según la estimación difundida por el partido, el suelo tendría un valor mínimo de 11 millones de euros.
Los socialistas consideran que esta aportación municipal supera incluso la inversión autonómica anunciada para construir la infraestructura. El PSOE cuestiona que el Gobierno local presente el proyecto como una inversión de la Comunidad sin incorporar al debate económico el valor del patrimonio público entregado.
A esta valoración del suelo, la formación añade alrededor de dos millones de euros que, según afirma, deberá asumir el Ayuntamiento para adecuar los viarios próximos al futuro intercambiador. También incorpora unos 200.000 euros correspondientes a asistencias técnicas para redactar el plan especial de la parcela y los proyectos de adaptación del entorno.
Con la suma de estas cantidades, el PSOE eleva por encima de los 13 millones de euros la contribución municipal al proyecto. Esta cifra procede de los cálculos realizados por el propio grupo socialista y no aparece desglosada en la información difundida por el Gobierno regional sobre la adjudicación de las obras.
El partido sostiene que la parcela constituye uno de los principales activos del patrimonio municipal y que podría haberse destinado a otros usos públicos. Entre las alternativas menciona la construcción de vivienda asequible, la creación de zonas verdes, nuevos equipamientos o proyectos estratégicos para la ciudad.
La crítica socialista también se extiende al emplazamiento elegido. La futura terminal se levantará en una zona periférica, próxima a la salida hacia Guadalajara y alejada de buena parte de los barrios más poblados y de los principales nodos de transporte del casco urbano.
El PSOE considera que esta ubicación responde principalmente a las necesidades de organización de las líneas procedentes de otros municipios del Corredor. A su juicio, muchos vecinos de barrios como La Garena, El Ensanche o Reyes Católicos seguirán utilizando las paradas existentes en sus zonas en lugar de desplazarse hasta el nuevo intercambiador.
La formación afirma compartir la necesidad de mejorar el transporte público y reforzar las conexiones entre municipios, pero sostiene que un proyecto de carácter supramunicipal no debería financiarse mediante la cesión gratuita de un suelo de elevado valor sin compensaciones para la ciudad.
El portavoz socialista, Javier Rodríguez Palacios, acusa a la alcaldesa y al Gobierno municipal de no haber negociado una contraprestación proporcional por la parcela. En su opinión, el Ayuntamiento debería haber exigido que la inversión regional generase un retorno directo y cuantificable para Alcalá.
