- Más Madrid reprocha al exalcalde socialista no apoyar una votación que habría permitido iniciar la tramitación y presentar posteriormente enmiendas.
- El PSOE defiende su abstención por las deficiencias que atribuye al texto, aunque reconoce que Rodríguez Palacios siguió la posición de su grupo.
Una votación en el Congreso sobre vivienda ha abierto un nuevo frente político entre Más Madrid y el PSOE de Alcalá. La abstención del diputado socialista y exalcalde Javier Rodríguez Palacios en una propuesta de Sumar para restringir la adquisición de viviendas por personas jurídicas ha provocado un duro intercambio entre ambas formaciones, con dos interpretaciones diferentes sobre qué suponía realmente el voto y cuál fue el papel del PSOE en el rechazo de la iniciativa.
Rodríguez Palacios figura entre los 120 diputados socialistas que se abstuvieron el 15 de septiembre en la toma en consideración de la proposición. El resultado fue de 44 votos a favor, 175 en contra y 127 abstenciones, por lo que el Congreso decidió no iniciar su tramitación parlamentaria.
Más Madrid Alcalá ha señalado directamente al diputado complutense. La formación sostiene que el PSOE, al abstenerse, decidió no respaldar siquiera que el texto comenzara a debatirse y pudiera ser modificado posteriormente. “Entre un fondo buitre y un vecino, elige abstención. Todo ello con el voto del alcalaíno @javiRpalacios”, publicó el la red X.
La crítica pone el foco en una cuestión importante del procedimiento parlamentario: el Congreso no estaba votando ese día la aprobación definitiva de la norma, sino su toma en consideración. La ficha oficial de la iniciativa confirma que ese era el trámite sometido a votación y que, tras ser rechazado, el procedimiento quedó concluido.
El PSOE de Alcalá ha rechazado, sin embargo, que pueda atribuirse a los socialistas la caída de la propuesta. En su respuesta a Más Madrid recordó que hubo 175 votos contrarios y calificó el texto de “algo chapucero”. Los socialistas pusieron como ejemplo que la redacción propuesta impediría adquirir viviendas a determinadas personas jurídicas, pero no evitaría que una persona física con un gran patrimonio continuara comprándolas.
El contenido registrado en el Congreso efectivamente planteaba limitar a las personas físicas la adquisición de viviendas en uso y de viviendas nuevas una vez finalizadas, estableciendo posteriormente varias excepciones para asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones sociales o entidades religiosas cuando los inmuebles tuvieran determinados fines. El texto no establecía límites específicos a las compras realizadas por personas físicas en función de su patrimonio.
Ahí aparece precisamente la principal discrepancia entre ambos partidos. Más Madrid considera que las posibles carencias del articulado podían haberse corregido durante la tramitación parlamentaria. “Si el texto tuviera flecos siempre se puede pulir debatiendo enmiendas”, replicó la formación al PSOE, insistiendo en que lo que estaba en juego era permitir que la propuesta continuara su recorrido en el Congreso.
Los números introducen, no obstante, otro matiz. Los 120 diputados socialistas se abstuvieron, por lo que incluso si todos ellos hubieran votado a favor el resultado habría sido de 164 síes frente a 175 noes. Es decir, cambiar únicamente el voto del PSOE no habría sido suficiente para que la toma en consideración saliera adelante. El resto de las abstenciones correspondieron a cinco diputados del PNV, Cristina Valido, de Coalición Canaria, y Cayetana Álvarez de Toledo, del PP.
El PSOE de Alcalá utilizó precisamente la aritmética para responder a las acusaciones, aunque cometió un error en su publicación: escribió que 44 más 127 eran 161, cuando la suma correcta es 171. Incluso en ese escenario hipotético —convirtiendo todas las abstenciones, no solo las socialistas, en votos afirmativos— los 171 síes seguirían por debajo de los 175 votos en contra.
Más allá del intercambio, la propuesta de Sumar pretendía modificar la Ley por el Derecho a la Vivienda para limitar con carácter general a las personas físicas la posibilidad de adquirir viviendas residenciales, dejando excepciones concretas para determinadas entidades y usos sociales, educativos o asistenciales. La iniciativa quedó definitivamente rechazada al no superar la toma en consideración del Congreso.
La discusión traslada ahora hasta Alcalá un debate estatal sobre el papel de empresas y fondos en el mercado residencial, pero con un ingrediente estrictamente local: el voto de quien fue alcalde de la ciudad durante ocho años y actualmente combina su condición de diputado en el Congreso con la portavocía socialista en el Ayuntamiento.
