- Los residentes de Espartales Norte denuncian nuevas acumulaciones de agua en los aparcamientos y aseguran que los desperfectos siguen sin resolverse.
- Las reclamaciones por goteras se remontan a 2024 y se suman a otros problemas de conservación denunciados desde la entrega de las viviendas.
Las últimas lluvias han vuelto a provocar inundaciones en garajes del Plan Vive de Alcalá de Henares, donde los residentes denuncian problemas de mantenimiento y desperfectos que, según aseguran, se repiten desde hace tiempo. Las acumulaciones de agua han reavivado las reclamaciones de los vecinos de Espartales Norte, un barrio que concentra las 736 viviendas del programa autonómico de alquiler asequible distribuidas en cinco promociones.
Las incidencias se produjeron durante el episodio de precipitaciones registrado esta semana en la Comunidad de Madrid. Guillermo Vaquero, residente de una promoción del Plan Vive en Alcalá, trasladó públicamente las quejas de los afectados durante su visita a la Asamblea de Madrid el jueves 8 de octubre. Los representantes vecinales describieron la situación de los aparcamientos y aseguraron que los problemas no se limitan a este último episodio de lluvias.
«Ayer diluvió en Alcalá y los garajes son lagos», señalaron los afectados. Los residentes sostienen que las incidencias se comunican a las empresas responsables del mantenimiento, pero cuestionan la eficacia de las reparaciones y la respuesta que reciben ante problemas que consideran recurrentes.
Las inundaciones se suman a un historial de reclamaciones relacionadas con el estado de las viviendas y sus instalaciones. Desde que comenzaron las entregas del Plan Vive en Alcalá, a finales de 2024, distintos residentes han denunciado filtraciones, averías, desperfectos y problemas de conservación en las zonas comunes de unas promociones construidas recientemente.
Las primeras quejas públicas aparecieron poco después de la entrega de las llaves. En noviembre de 2024, vecinos de las viviendas situadas en la calle Fernando IV ya habían trasladado problemas de goteras en garajes y pisos de la planta baja, además de desperfectos en el interior de los inmuebles y dificultades para disponer de determinados suministros. También se denunciaron retrasos en la finalización de espacios comunitarios que inicialmente figuraban entre los servicios de las urbanizaciones.
La situación volvió a cobrar protagonismo en marzo de 2025, cuando 43 familias de Alcalá impulsaron reclamaciones con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Entre las incidencias denunciadas figuraban grietas en pasillos, humedades, goteras en garajes y trasteros y problemas relacionados con las instalaciones de protección contra incendios.
Los residentes también comunicaron averías en los sistemas de aerotermia, interrupciones del agua caliente y dificultades con la climatización. Según las reclamaciones publicadas entonces, algunas filtraciones habían provocado acumulaciones de humedad en espacios comunes y afectado al funcionamiento de determinadas instalaciones. Estas circunstancias llevaron a los afectados a reclamar reparaciones y una revisión de las condiciones de sus contratos.
Las quejas continuaron durante 2026. El pasado mes de julio, vecinos de promociones situadas en la avenida de Alfonso VI, gestionadas por Avalon, comenzaron a organizarse junto a la Asociación de Inquilinos del Plan Vive y el colectivo vecinal Espartales Unidos. En sus reuniones denunciaron problemas relacionados con la limpieza, el mantenimiento de jardines y zonas comunes y la presencia de plagas y roedores.
A estas reclamaciones se añadieron cuestiones económicas, como la falta de transparencia que los vecinos atribuyen a los gastos comunitarios, el precio de las plazas de aparcamiento y el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Los residentes sostienen que los importes que abonan mensualmente deberían corresponderse con un servicio de conservación adecuado y una atención más eficaz a los desperfectos comunicados.
Las inundaciones de esta semana han vuelto a poner el estado de los garajes y las instalaciones comunes en el centro de las reclamaciones. La Asociación de Inquilinos del Plan Vive ha denunciado problemas similares en 15 promociones de nueve municipios de la Comunidad de Madrid, con filtraciones de agua, trasteros anegados y sumideros desbordados. La organización considera que las incidencias deben investigarse para determinar si existen deficiencias constructivas o problemas de mantenimiento.
En Alcalá, las viviendas del Plan Vive forman parte de un programa desarrollado mediante colaboración público-privada sobre suelo de titularidad pública. Las empresas concesionarias se encargan de construir y gestionar los inmuebles durante el periodo establecido, mientras la Comunidad de Madrid mantiene competencias de supervisión sobre el cumplimiento de las condiciones de las concesiones.
La Administración autonómica ha defendido en diferentes ocasiones que las empresas responsables atienden los desperfectos detectados. En una respuesta parlamentaria publicada en enero de 2025, el Gobierno regional aseguró, a partir de la información facilitada por una concesionaria, que las incidencias de las primeras promociones de Alcalá se habían resuelto en plazos de entre 48 y 72 horas. También sostuvo que sus servicios técnicos realizaban un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Más recientemente, durante su comparecencia del 8 de octubre ante la Asamblea de Madrid, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, insistió en que las concesionarias se encargan de resolver las incidencias. Fuentes de la Consejería señalaron además que habían remitido varios requerimientos a las empresas gestoras para subsanar deficiencias y enmarcaron parte de los problemas en las incidencias habituales de las promociones de nueva construcción.
Los vecinos, sin embargo, mantienen sus reclamaciones. Guillermo Vaquero defendió durante su visita a la Asamblea la necesidad de reunir a los residentes, las gestoras y la Comunidad de Madrid para abordar conjuntamente las incidencias. Los afectados consideran que la Administración autonómica debe participar en la búsqueda de soluciones y garantizar que se atiendan los problemas comunicados.
