- La ministra de Juventud e Infancia mostró su apoyo a la huelga del sector y defendió mejoras salariales y más personal educativo.
- IU Alcalá vinculó las reivindicaciones educativas con la situación local de las escuelas infantiles, la vivienda y el acceso a espacios públicos municipales.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participó este jueves en un acto celebrado en la Sala Margarita Xirgu de Alcalá de Henares, sede comarcal de CCOO, en el que trasladó el apoyo de Izquierda Unida a las movilizaciones de trabajadoras y trabajadores de Educación Infantil. El encuentro reunió también a representantes de la Plataforma de Escuelas Infantiles y abordó tanto las reivindicaciones laborales del sector como distintas cuestiones relacionadas con políticas de infancia, vivienda y servicios públicos.
Durante su intervención, Rego defendió la necesidad de mejorar las condiciones laborales y salariales de las profesionales de Educación Infantil, un sector altamente feminizado en el que, según expuso, existe una gran carga de responsabilidad y formación exigida frente a unas condiciones laborales que consideran insuficientes. La ministra sostuvo que la atención educativa en las primeras etapas de la infancia requiere “cuidados y protección” y reclamó una “dignificación” de las educadoras mediante salarios acordes a su preparación y una reducción de las ratios en las aulas.
Las protestas del sector se mantienen desde hace semanas en distintos puntos del país para reclamar mejoras en el convenio colectivo, incrementos salariales y más personal en los centros. Entre las principales demandas figura la reducción del número de menores por aula, especialmente en el tramo de 0 a 3 años, donde las ratios actuales permiten que una sola profesional atienda a ocho bebés menores de un año, catorce niños de entre uno y dos años o veinte alumnos de dos a tres años, dependiendo de la etapa.
Las organizaciones convocantes sostienen que estas cifras dificultan una atención individualizada y afectan tanto al desarrollo educativo como a las condiciones de trabajo del personal. En los últimos meses, las movilizaciones han contado además con el respaldo de parte de las familias, que denuncian la sobrecarga existente en muchos centros y la precariedad salarial de un sector en el que numerosos puestos continúan vinculados a retribuciones próximas al salario mínimo interprofesional.
La regulación de estas ratios depende actualmente de las comunidades autónomas, ya que las competencias educativas están transferidas. No obstante, el Gobierno central sí puede fijar marcos normativos generales. En este contexto, Rego recordó que el Ejecutivo aprobó recientemente un proyecto de ley para reducir ratios en Primaria y Secundaria y anunció el compromiso de revisar antes del verano el Real Decreto 132/2010, que regula los requisitos mínimos de los centros educativos. Según explicó, esa modificación incluirá por primera vez referencias específicas a las ratios en la etapa de Educación Infantil de 0 a 3 años.
Además de las cuestiones educativas, la ministra repasó algunas de las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Juventud e Infancia relacionadas con la protección de menores y la lucha contra la pobreza infantil. Entre ellas citó medidas dirigidas a mejorar la situación de los niños tutelados y reformas legales orientadas a reforzar la escucha de los menores en procesos judiciales.
En ese apartado, Rego reiteró la voluntad del Gobierno de prohibir el uso del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP) en procedimientos judiciales. Este concepto carece de reconocimiento científico y ha sido rechazado por organismos especializados y asociaciones judiciales y de protección de la infancia, que cuestionan su utilización en conflictos relacionados con custodias y violencia de género.
La ministra también se refirió al impacto de la exposición temprana de menores a entornos digitales y redes sociales. En línea con los debates abiertos en los últimos años sobre salud mental, acceso a contenidos inapropiados y uso de dispositivos móviles entre adolescentes y niños, defendió la necesidad de impulsar una regulación específica del entorno digital. Según señaló, existen ya herramientas tecnológicas que permitirían limitar el acceso de menores a determinados contenidos.
El acto tuvo igualmente una importante dimensión local. El coordinador de IU Alcalá de Henares, David Cobo, expresó el apoyo de la formación a los trabajadores municipales que han anunciado movilizaciones y una huelga a partir del próximo 1 de junio. Entre los motivos señalados por los sindicatos figura la posible externalización de la limpieza de escuelas infantiles y casas de niños municipales.
Cobo criticó además el modelo de adjudicación de escuelas infantiles impulsado por la Comunidad de Madrid y señaló que, a su juicio, los pliegos dan mayor peso a las ofertas económicas que a los proyectos educativos o a las condiciones laborales de las plantillas. El coordinador de IU sostuvo que este sistema puede favorecer adjudicaciones basadas principalmente en criterios de coste.
Izquierda Unida volvió a defender la gestión pública directa de estos centros o, en su defecto, la modificación de los criterios de contratación para otorgar mayor peso a los proyectos pedagógicos y a la estabilidad laboral. El debate sobre la gestión de las escuelas infantiles lleva años presente en la Comunidad de Madrid, donde diferentes organizaciones educativas y sindicales han cuestionado reiteradamente el modelo de concesiones.
Durante el encuentro también se abordaron otras cuestiones relacionadas con políticas de juventud y vivienda en Alcalá de Henares. Representantes de IU cuestionaron el nivel de inversión municipal destinado a Juventud e Infancia y situaron el gasto ejecutado en estas áreas por debajo del 0,5% del presupuesto total municipal.
En materia de vivienda, los representantes de la formación señalaron el aumento de pisos turísticos en la ciudad y la existencia de viviendas vacías pertenecientes al antiguo IVIMA, actualmente Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. También expresaron críticas hacia el funcionamiento del Plan Vive regional y la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda.
El acto se celebró finalmente en la sede de CCOO después de que, según trasladó Izquierda Unida, no lograran acceder a un espacio público municipal. La formación aseguró que las dificultades para obtener instalaciones públicas se han incrementado desde la llegada al Gobierno local de PP y VOX, especialmente para colectivos y organizaciones críticas con el Ejecutivo municipal, una valoración sobre la que el Gobierno local no se pronunció durante el acto.
En relación con esta cuestión, los organizadores recordaron que la Mesa de Diálogo por la Cultura de Alcalá de Henares remitió recientemente una carta al Defensor del Pueblo denunciando supuestos vetos en el acceso a espacios municipales. IU no descartó impulsar medidas similares.
El secretario general de CCOO de la Comarca del Henares, Vicente García Castillo, cerró el acto defendiendo el acceso de asociaciones y movimientos sociales a los espacios públicos y subrayó que las instalaciones municipales “pertenecen a todos los vecinos”.
