- La Comunidad de Madrid destinará 834.900 euros al servicio entre 2026 y 2027, un 24% más que en el periodo anterior.
- El programa ofrece atención temporal y actividades adaptadas a personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta.
El programa de respiro familiar para personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta contará con un aumento del 24% en la financiación, según el último acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. El nuevo contrato, con vigencia entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, contempla una inversión total de 834.900 euros.
Este servicio está dirigido a aliviar la carga de las familias que cuidan de personas de entre 18 y 65 años con trastornos de conducta graves. Su finalidad es facilitar que los cuidadores dispongan de tiempo libre para realizar gestiones, descansar o atender otras necesidades personales. Durante ese tiempo, profesionales especializados se hacen cargo de la atención de los usuarios.
El equipo técnico, tal y como detalla el Ejecutivo regional, está formado por psicólogos, trabajadores y educadores sociales, monitores y cuidadores. Además de la atención individualizada, se organizan actividades deportivas, culturales y de ocio adaptadas a cada caso. También se contemplan servicios de transporte, alojamiento y manutención en los casos que lo requieran.
Según datos facilitados por la Comunidad de Madrid, en 2024 más de un centenar de hogares accedieron a este recurso. Con la nueva inversión, el objetivo es ampliar esa cifra en los próximos ejercicios.
El programa contempla múltiples opciones: desde salidas de sábado y domingo hasta estancias más prolongadas durante vacaciones o puentes. En algunos casos, el apoyo se presta en el propio hogar del usuario. También incluye orientación, atención psicológica para las familias y otros servicios complementarios.
Este servicio forma parte de la red pública regional de atención a personas con discapacidad, que según el Gobierno autonómico cuenta con 14.500 plazas para personas con discapacidad intelectual o física y más de 7.000 para personas con enfermedad mental grave. La inversión anual en esta red, según las cifras oficiales, supera los 426 millones de euros.