CCOO organizará en Alcalá una asamblea sobre la regularización de migrantes tras detectar cobros por trámites aún no abiertos

edificio ccoo via complutense

Edificio CCOO en Vía Complutense / Google

CCOO de Madrid celebrará en Alcalá de Henares una de las asambleas informativas que pondrá en marcha desde el próximo lunes en distintos municipios de la región para explicar la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno de España. La iniciativa llega después de que el sindicato haya detectado cobros por supuestos trámites vinculados a un procedimiento que, por ahora, no está en vigor.

Según ha informado la organización, se están ofreciendo servicios de particulares, despachos e incluso agencias de viajes que cobran desde 50 euros por una consulta hasta 450 euros por tramitar gestiones relacionadas con la regularización. CCOO sostiene que esos pasos no pueden darse todavía porque la norma no se ha publicado ni ha entrado en vigor.

La asamblea prevista en Alcalá formará parte de una ronda de encuentros de acceso libre que también pasarán por Collado Villalba, Alcobendas, Fuenlabrada, Rivas Vaciamadrid, Móstoles, Mercamadrid y Madrid capital. En esas sesiones se explicarán los requisitos documentales, los plazos legales y los derechos asociados al proceso para evitar desinformación y posibles fraudes.

El sindicato participará como entidad colaboradora a través del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros, desde donde prevé ayudar gratuitamente en la tramitación de solicitudes cuando la norma entre en vigor. Hasta entonces, insiste en que no existe margen para presentar expedientes ni para cobrar por una gestión que todavía no puede formalizarse.

CCOO enmarca esta campaña en un contexto en el que Madrid es una de las comunidades con mayor volumen de personas trabajadoras extranjeras. Según los datos trasladados por el sindicato, una de cada cinco personas ocupadas en la región tiene nacionalidad extranjera, un peso especialmente visible en sectores clave del mercado laboral.

La organización también subraya que la población migrante mantiene una situación de mayor vulnerabilidad social y laboral, con más paro, más parcialidad y mayor riesgo de pobreza. Frente a eso, sostiene que el acceso a información clara sobre el proceso de regularización resulta clave para evitar abusos y facilitar que, cuando se abra el procedimiento, pueda realizarse con garantías.

Salir de la versión móvil