- Francisco Martín defiende que los datos no sostienen la relación entre delincuencia e inmigración.
- Reclama a las administraciones locales responsabilidad ante la crisis migratoria.
Durante su intervención tras la Junta Local de Seguridad celebrada este jueves en Alcalá de Henares, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha lanzado un mensaje institucional con un marcado carácter político, en el que ha pedido «apagar los discursos de odio» que, a su juicio, vinculan inmigración con inseguridad ciudadana.
Martín ha afirmado que «se está errando el tiro» si se pretende responsabilizar exclusivamente al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de los problemas de seguridad de la ciudad, e instó a los representantes del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid a «salir de la caja de cerillas de su jefa» —en alusión a Isabel Díaz Ayuso— y «sostener la manguera» para afrontar de forma conjunta la situación.
El delegado ha recalcado que, desde la apertura del CAED en noviembre de 2023, se han registrado 16 delitos cometidos por residentes, una cifra que, según sus palabras, representa una tasa de criminalidad muy inferior a la del conjunto de la población alcalaína. «Si distraemos la vista hacia ese único punto, estamos haciendo un flaco favor a los alcalaínos», expresó.
También defendió la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reclamando una condena institucional no solo por los incidentes en Alcalá de Henares, sino también por los recientes altercados en Puerto Pacheco (Murcia), y reivindicó el trabajo de la Policía Nacional frente a quienes cuestionan sus cifras o su profesionalidad.
En relación a la gestión de la inmigración, Martín apeló a la responsabilidad conjunta de todas las administraciones y reclamó «trabajar para dar soluciones» ante una crisis migratoria que calificó de «europea» y «humanitaria». «Lo que necesitamos en este país son bomberos, no pirómanos», declaró, reiterando su llamada a la calma y la colaboración institucional.
Sus declaraciones han marcado un contraste evidente con las exigencias del gobierno municipal de Alcalá, que reclama el cierre del centro, así como con los reproches vertidos durante la Junta tanto por la alcaldesa Judith Piquet como por el consejero autonómico Carlos Novillo. Pese a las tensiones, Martín ha insistido en que el foco debe estar en «soluciones realistas» y en proteger los derechos humanos como eje de toda respuesta institucional.
