- Francisco Martín afirma que todos los residentes del centro que han delinquido tienen expediente de expulsión en marcha.
- Judith Piquet pone en duda las cifras y sostiene que hay comportamientos inapropiados que no se denuncian.
Durante la Junta Local de Seguridad celebrada este jueves en Alcalá de Henares, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, informó de que se han cometido 16 delitos por parte de residentes del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) desde su apertura en noviembre de 2023. Según el delegado, todos ellos tienen abiertos expedientes de expulsión.
Entre los delitos señalados figuran estafas, resistencia a la autoridad, hurtos, un caso de allanamiento de morada, un robo con violencia y una agresión sexual, esta última ocurrida a finales de junio. Martín precisó que, de las más de 10.000 personas que han pasado por el centro, solo 16 se han visto implicadas en estos hechos, lo que, en sus palabras, representa una incidencia muy baja en comparación con la población local.
El delegado defendió que «en ninguno de los centros de acogida tiene cabida un delincuente», y subrayó que «todo aquel que delinca se enfrenta a su correspondiente procedimiento de expulsión». A su juicio, «se está intentando construir un relato que vincula inmigración con inseguridad que no se sostiene con datos».
Desde el mismo atril, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, puso en duda los datos ofrecidos por Martín y afirmó que la agresión sexual no es «el caso más grave» relacionado con el centro, sin ofrecer más detalles al respecto. También cuestionó la falta de un plan específico de seguridad para el CAED y afirmó que hay comportamientos inadecuados por parte de algunos residentes —como mostrar contenido sexual en la vía pública o actitudes de acoso— que no suelen acabar en denuncia formal.
Piquet lamentó, además, que la Delegación del Gobierno no haya respondido a la moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento solicitando el cierre del CAED ni haya proporcionado un informe detallado sobre la gestión y la seguridad del centro.
El debate sobre los datos de criminalidad ha acentuado las diferencias entre el Gobierno central y el Ayuntamiento complutense, en un contexto de creciente tensión institucional tras la detención del presunto autor de la violación. El centro de acogida continúa siendo objeto de debate político y social en la ciudad.
