- GREFA afirma que no se han realizado el marcaje GPS de cinco ejemplares, el censo anual ni las tomas sanitarias.
- Según denuncian, la Mancomunidad del Este prorrogó un año el contrato en mayo de 2025 pese a los incumplimientos denunciados.
La gestión de la población de cigüeña blanca en Alcalá de Henares vuelve al centro del debate local. Tras varios años de trabajo conjunto con el municipio, GREFA ha hecho pública una denuncia por presuntos incumplimientos en el contrato adjudicado a MATINSA para el seguimiento y la conservación de esta especie. La organización cuestiona, además, la decisión de la Mancomunidad del Este de ampliar el contrato un año más, lo que reabre dudas sobre el control de los pliegos y la continuidad de los trabajos críticos para la fauna urbana.
Según GREFA, el proyecto se diseñó originalmente para mitigar el impacto del cierre progresivo de los vertederos a cielo abierto y facilitar una transición ordenada en los hábitos de alimentación de las cigüeñas. La propuesta, planteada en 2016 y recuperada en 2021 cuando se anunció el cierre del vertedero de Alcalá, incluía un paquete de actuaciones: seguimiento mediante emisores GPS, censo reproductor anual y controles sanitarios, además de un aporte alimentario complementario y controlado para evitar dependencias artificiales.
La entidad detalla que la primera fase, avalada por la Mancomunidad del Este, arrojó resultados satisfactorios: se logró que las cigüeñas acudieran a comederos específicos minimizando el acceso de otras especies oportunistas. Para dar continuidad, se convocó una licitación anual que GREFA ganó, con una prórroga posterior. Concluida esta etapa en noviembre de 2023, se lanzaron dos nuevas licitaciones: la primera quedó desierta y la segunda, en abril de 2024, enfrentó a GREFA con MATINSA, resultando adjudicataria esta última por una oferta económica inferior.
A raíz de solicitudes de acceso a la información, GREFA asegura que los informes mensuales de MATINSA no recogen la ejecución de acciones esenciales. En concreto, denuncia la ausencia del marcaje de cinco cigüeñas con GPS, la falta del censo de parejas reproductoras y su productividad, y la no realización de capturas para toma de muestras biológicas destinadas a la vigilancia sanitaria de la población. Estos incumplimientos, sostienen, comprometen el seguimiento científico y la capacidad de anticipar riesgos para la especie.
La asociación critica igualmente la reacción institucional. Pese a las supuestas irregularidades, la Mancomunidad del Este no habría aplicado penalizaciones ni rescindido el contrato, según denuncia. Es más, en mayo de 2025 decidió activar una prórroga de un año con el argumento de que la empresa subsanaría los puntos pendientes durante ese periodo. GREFA cuestiona la justificación ofrecida para no instalar los GPS —problemas de aprovisionamiento del proveedor— y reclama mayor escrutinio público sobre la ejecución.
Más allá del cruce contractual, el fondo del proyecto apunta a un reto ecológico de largo recorrido: asegurar que las cigüeñas de Alcalá ajusten su dieta y sus desplazamientos a fuentes de alimento menos ligadas a los residuos urbanos, como cultivos o humedales. Sin datos de telemetría, sin un censo reproductor actualizado y sin un control sanitario periódico, advierte GREFA, resulta más difícil medir el éxito de esa transición y orientar decisiones de gestión.
El caso pone el foco en la transparencia y la evaluación de los contratos ambientales. La publicación de los informes de seguimiento, los indicadores de desempeño y los calendarios de hitos permitiría a la ciudadanía conocer qué se ha hecho, qué falta por hacer y con qué resultados. También ayudaría a comparar propuestas técnicas y presupuestarias cuando concurren ofertas con bajas económicas significativas.