- El documento ofrece información clara sobre cómo solicitar la asistencia jurídica gratuita en la región.
- La Comunidad de Madrid invierte 57 millones en 2025 para garantizar este derecho a más de 70.000 personas.
Acceder a un abogado de oficio puede ser un proceso complejo para muchas personas, especialmente para quienes tienen dificultades de comprensión lectora. Con ese reto en mente, la Comunidad de Madrid ha publicado una guía en lectura fácil que explica de manera clara y directa cómo solicitar la asistencia jurídica gratuita, un servicio público que garantiza la defensa de quienes no cuentan con recursos económicos suficientes.
La publicación incluye apartados sencillos sobre qué es la asistencia jurídica gratuita, quién puede pedirla, qué requisitos deben cumplirse y qué pasos seguir en el trámite. También detalla la documentación que hay que presentar y los puntos de atención disponibles en los juzgados. Además de estar disponible en la web de la Comunidad, la guía en lectura fácil para solicitar asistencia jurídica gratuita puede consultarse en este enlace oficial y se repartirá en los servicios de orientación jurídica de toda la región.
El proyecto se ha desarrollado junto con Plena Inclusión Madrid, una entidad que trabaja con personas con discapacidad intelectual. La colaboración pretende asegurar que la información sea comprensible y que el acceso a la Justicia no quede limitado por la dificultad del lenguaje técnico.
Esta iniciativa se suma a otras medidas que la Comunidad ha implantado en los últimos años para hacer los juzgados más accesibles. Entre ellas, destacan los facilitadores judiciales, vídeos adaptados para personas con autismo, señalética simplificada en edificios judiciales o el acompañamiento de perros de apoyo para menores en procesos judiciales.
La demanda de este servicio es notable: en 2024, 70.677 madrileños accedieron a la asistencia jurídica gratuita. Para 2025, el presupuesto destinado asciende a 57 millones de euros, un 13,2% más que el año anterior. Los colegios de abogados y procuradores son los encargados de gestionar las solicitudes y asignar a los profesionales que asumen la defensa.
Con la nueva guía, la Comunidad busca no solo informar, sino también garantizar que nadie quede fuera del sistema judicial por falta de comprensión. Una apuesta que, más allá de los números, apunta a un cambio cultural en la forma de acercar la Justicia a quienes más la necesitan.
