- La alcaldesa de Alcalá reclama coordinación, recursos y planificación ante el aumento de trámites y demanda de servicios municipales.
- La federación sostiene que varios ayuntamientos ya notan más presión en servicios sociales, padrón, escolarización y atención administrativa.
Judith Piquet ha reclamado una reunión con el delegado del Gobierno en Madrid para abordar las consecuencias que, según sostiene, ya está teniendo en los ayuntamientos madrileños el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes aprobado por el Ejecutivo central. La alcaldesa de Alcalá, que también preside la Federación de Municipios de Madrid, sitúa el foco en la capacidad de respuesta de las administraciones locales ante un aumento de trámites y demanda de atención.
El pronunciamiento llega en un momento en el que el proceso de regularización ha comenzado a desplegarse en toda España. El Gobierno abrió esta semana el procedimiento para personas extranjeras que se encontraban en el país antes del 1 de enero de 2026 y cumplen los requisitos fijados en el nuevo marco aprobado por decreto. Entre los canales habilitados figuran la tramitación telemática, las citas presenciales y la atención en oficinas de Correos de distintos municipios.
En ese contexto, Piquet sostiene que varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, entre ellos Madrid, Pinto, Valdemoro o Alcorcón, ya están empezando a percibir un impacto directo en su actividad diaria. Según su planteamiento, la medida se ha puesto en marcha sin diálogo previo con los consistorios y sin una previsión suficiente sobre el efecto que puede tener en servicios municipales que dependen de plantillas y recursos limitados.
La presidenta de la FMM considera que la presión puede trasladarse a áreas muy concretas de la gestión local. Entre ellas cita los servicios sociales, la atención municipal, la escolarización, la seguridad y los trámites administrativos vinculados a los expedientes de regularización. Ese es el núcleo de la reclamación que dirige al delegado del Gobierno: abrir una interlocución formal con los ayuntamientos antes de que la demanda siga creciendo durante las próximas semanas.
Piquet ha cuestionado de forma expresa la falta de comunicación institucional previa a la entrada en vigor de la medida. “Ni una llamada del delegado del Gobierno, ni una llamada de un secretario de Estado, ni de la ministra de Migraciones. Absolutamente nada”, afirmó en declaraciones difundidas este viernes. En esa misma línea, defendió que el decreto se ha aprobado “sin planificación, sin diálogo institucional y sin tener en cuenta la capacidad real de respuesta de las administraciones locales”.
La también alcaldesa complutense ha insistido además en la ausencia de una dotación adicional para que los ayuntamientos puedan asumir ese posible incremento de trabajo. Su crítica se centra en que el decreto, tal y como lo interpreta la federación, traslada a las entidades locales una parte importante de la gestión práctica sin acompañarla de financiación extraordinaria, refuerzo de personal ni una estructura de coordinación previa con los municipios.
En su valoración, esa falta de medios puede traducirse en demoras y tensiones en servicios ya exigidos por la actividad ordinaria. La FMM advierte de que la cuestión no afecta solo a grandes ciudades, sino también a municipios que deben absorber más solicitudes con una estructura administrativa más reducida. Por eso reclama que el Gobierno central defina un marco de cooperación con información anticipada, recursos y criterios de actuación compartidos.
El proceso abierto por el Ejecutivo tiene, por su parte, una dimensión estatal mucho más amplia. Según los primeros datos difundidos esta semana, en las primeras horas del procedimiento se registraron miles de solicitudes y decenas de miles de peticiones de cita. El sistema permanecerá abierto hasta el 30 de junio, un calendario que hace prever un volumen elevado de trámites concentrado en un periodo corto de tiempo.
Con ese horizonte, la petición de la FMM busca situar el debate en el terreno de la gestión municipal y de la coordinación entre administraciones. La federación no cuestiona solo el contenido de la medida, sino sobre todo la forma en la que se ha puesto en marcha y la falta, a su juicio, de una respuesta organizada para que los ayuntamientos puedan atender el aumento de demanda sin deterioro en los servicios que prestan cada día.
