- La presidenta de la FMM trasladó al delegado del Gobierno la preocupación de los municipios por la sobrecarga en servicios sociales, padrón y registros.
- Tras la reunión, Piquet afirmó que el Ejecutivo no ha comprometido refuerzos económicos ni de personal para las administraciones locales.
El proceso de regularización impulsado por el Gobierno de España ha abierto un nuevo frente entre las administraciones locales y el Ejecutivo central en la Comunidad de Madrid. La Federación de Municipios de Madrid sostiene que los ayuntamientos están asumiendo una presión añadida en servicios esenciales sin contar, por ahora, con recursos específicos ni criterios suficientemente claros para gestionar los trámites derivados de este procedimiento.
La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, mantuvo este 27 de abril una reunión con el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid para abordar la situación que, según la FMM, están viviendo numerosos municipios madrileños. El encuentro había sido solicitado la semana anterior con el objetivo de reclamar información, coordinación y medios ante el incremento de carga administrativa en áreas como los servicios sociales, el padrón municipal y los registros.
Antes de la reunión, Piquet ya había advertido de que los ayuntamientos estaban detectando un “colapso progresivo de los servicios municipales”, especialmente en departamentos que atienden de forma directa a la ciudadanía. Según explicó, el proceso se estaría desarrollando “sin planificación y sin contar con las administraciones locales, que son las que están en primera línea de atención al ciudadano”.
Uno de los puntos centrales planteados por la FMM fue la acreditación de la vulnerabilidad, requisito vinculado al procedimiento de regularización. Piquet cuestionó que se exija a los ayuntamientos la emisión de certificados o informes sin una definición clara de los criterios ni una dotación adicional de recursos. “Si se considera que cualquier persona en situación irregular es, por definición, vulnerable, no tiene sentido exigir a los ayuntamientos la emisión de certificados que requieren informes sociales complejos”, señaló antes del encuentro.
La presidenta de la FMM defendió que los procedimientos sociales requieren tiempo, conocimiento de cada caso y personal especializado. “Los trabajadores sociales necesitan conocer cada caso, analizar la situación personal y emitir informes rigurosos. Eso no se puede hacer en cuestión de días ni sin medios adecuados”, afirmó.
Tras la reunión, Piquet valoró el encuentro de forma negativa y aseguró que el Gobierno de España no ha ofrecido compromisos concretos de apoyo a los municipios. “El resultado de la reunión, desgraciadamente, es algo que esperábamos: ninguna aportación por parte del Gobierno de España”, declaró.
Según la presidenta de la FMM, la respuesta recibida no incluye financiación extraordinaria ni refuerzo de personal. “Ninguna ayuda para los ayuntamientos, ni más personal, ni más medios económicos, ni nada; lo que nos dicen es que tengamos más pedagogía y más divulgación”, criticó. A su juicio, esa respuesta no resuelve el problema de fondo: “Con más pedagogía y más divulgación los servicios sociales no dejan de colapsarse”.
Piquet también señaló que durante el encuentro se habría reconocido que la información facilitada hasta ahora no había sido correcta. “Al menos han podido afirmar que ha existido una información no correcta durante estos días”, indicó. Sin embargo, consideró que la reunión no despejó las dudas sobre los criterios aplicables: “Siguen clarificando cuáles son los requisitos para la regularización; por tanto, desde el principio no estaba nada claro”.
En relación con los informes de vulnerabilidad, Piquet afirmó que el planteamiento trasladado ahora por el Gobierno reduce el trámite a una validación administrativa más rápida, sin el estudio social profundo que habitualmente realizan los servicios municipales. “Viene a ser al final un acto de fe. No es un estudio de nuestros servicios municipales que requieren un estudio para comprobar que están en riesgo de exclusión social”, señaló.
La FMM sostiene que esta situación está teniendo consecuencias en la atención ordinaria que reciben los vecinos. Piquet aseguró que los ciudadanos “van a seguir teniendo que esperar” y que las listas de espera para acceder a los servicios sociales municipales se han incrementado en los últimos días. También advirtió de que la realidad de los ayuntamientos está “muy lejos de la normalidad”.
La presidenta de la FMM vinculó el problema a la falta de planificación y a la ausencia de coordinación previa con las entidades locales. Según afirmó, los municipios llevan “diez días con los colapsos en los servicios sociales” mientras se siguen aclarando requisitos y documentos vinculados al procedimiento.
Ante la proximidad del 30 de junio, fecha prevista para la finalización del proceso, Piquet reclamó que el Gobierno de España mantenga reuniones directas con trabajadores sociales, alcaldes y concejales del área para explicar los criterios que deben aplicarse. “He pedido que se reúnan con los trabajadores sociales, con los alcaldes, con los concejales de servicios sociales y expliquen cuál ha sido el desarrollo de estos criterios que hasta ahora nadie los tenía claros ni ellos mismos han sabido explicarlos”, afirmó.
Piquet insistió en que los ayuntamientos están dispuestos a colaborar, pero pidió que esa colaboración vaya acompañada de herramientas concretas. “No se puede legislar desde un despacho y trasladar toda la presión a las administraciones locales”, había señalado antes del encuentro. Tras la reunión, resumió su valoración en términos de preocupación: “Como nada está claro con este caos de política migratoria que tiene el Gobierno de España, pues salimos con más caos. Lamentablemente, poco que ofrecer a los ayuntamientos”.
