- La formación critica que el anteproyecto de la Comunidad de Madrid amplíe el papel de entidades privadas en el control urbanístico.
- También cuestiona los cambios previstos en vivienda protegida, planeamiento municipal y tramitación de informes sectoriales.
Más Madrid ha presentado alegaciones al anteproyecto de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, conocida como ley LIDER, una norma con la que la Comunidad de Madrid pretende reformar la regulación urbanística autonómica. La iniciativa ha sido registrada tanto por el grupo parlamentario de la formación en la Asamblea como por concejales del partido en distintos ayuntamientos, entre ellos Alcalá de Henares. La formación enmarca sus objeciones en varios bloques y sostiene que el texto modifica elementos sensibles del urbanismo regional con efectos directos sobre el control público, la vivienda protegida y la capacidad de decisión de los municipios.
La formación sostiene que el texto introduce cambios relevantes en materias como el control de la legalidad urbanística, la protección del patrimonio, la reserva de vivienda protegida y el margen de decisión de los ayuntamientos sobre su propio desarrollo urbano. En ese marco, Más Madrid ha pedido modificar varios puntos del anteproyecto durante su tramitación.
Uno de los aspectos cuestionados por el partido es el refuerzo del papel de las Entidades Privadas Colaboradoras Urbanísticas y de las entidades colaboradoras en el ámbito ambiental. Según la formación, el anteproyecto amplía la intervención de estas figuras en procedimientos de supervisión y verificación vinculados a actuaciones urbanísticas. En su valoración, “el Gobierno de Ayuso pretende privatizar la vigilancia de la legalidad urbanística”, al dar más peso a entidades privadas contratadas por los propios promotores, una fórmula que, a juicio de Más Madrid, puede generar conflictos de interés.
La crítica se extiende también al régimen de informes sectoriales previsto en la norma. Más Madrid alerta de que el silencio administrativo favorable en determinados supuestos puede facilitar que prosperen actuaciones sin un pronunciamiento expreso de todos los órganos implicados. La formación sostiene que “el silencio administrativo no puede suponer la autorización tácita de intervenciones sobre bienes que forman parte de la identidad colectiva”, una advertencia que sitúa el foco en municipios con valor histórico y patrimonial como Alcalá de Henares, donde cualquier intervención urbanística puede afectar a entornos protegidos.
La ciudad cuenta con un casco histórico declarado Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1998, un reconocimiento que condiciona buena parte de su planificación urbana y de los criterios de conservación. En ese contexto, la formación vincula sus alegaciones a la necesidad de mantener controles públicos estrictos sobre cualquier actuación que pueda incidir en el patrimonio histórico o en el entorno urbano consolidado.
Otro de los bloques de las alegaciones se centra en la vivienda protegida. Más Madrid rechaza que el anteproyecto permita computar esa reserva en el conjunto del municipio y no necesariamente en cada desarrollo urbanístico. Según la formación, ese cambio podría favorecer una distribución desigual entre vivienda libre y protegida, concentrando la primera en las zonas de mayor valor de mercado y desplazando la segunda a áreas con menos servicios o peor conexión. En ese punto, añade además que “una vivienda protegida que en la Comunidad de Madrid pierde su protección tras 10 o 15 años, no es indefinida como en otras comunidades”.
El partido añade que esa modificación llega en un momento de fuerte presión sobre el acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid. En su opinión, la nueva regulación no refuerza suficientemente el carácter estructural de la vivienda protegida y puede reducir su capacidad para actuar como herramienta de equilibrio urbano y social.
Más Madrid también cuestiona el efecto de la futura ley sobre la autonomía municipal. En sus alegaciones, la formación sostiene que el texto resta peso al planeamiento estratégico de los ayuntamientos frente a otros instrumentos de desarrollo y reduce su capacidad de intervención sobre el modelo de ciudad. En ese sentido, advierte de que determinados planes privados “podrían alterar el modelo de ciudad sin una evaluación del impacto en servicios públicos, movilidad o infraestructuras”. A eso suma la crítica por la disminución del porcentaje de aprovechamiento urbanístico que revierte a los consistorios.
Según el partido, esa reducción limitaría la capacidad municipal para obtener recursos derivados de nuevas actuaciones urbanísticas y, con ello, para financiar dotaciones, equipamientos o medidas de reequilibrio urbano. La formación considera que esta cuestión afecta de forma directa a la planificación local y al margen de maniobra de los ayuntamientos ante futuros crecimientos residenciales.
La portavoz de Más Madrid Alcalá, Rosa Romero, ha defendido la necesidad de “reforzar el carácter vinculante del planeamiento estratégico, mantener el control público en los procedimientos urbanísticos y aumentar la vivienda protegida”. La formación enmarca sus alegaciones en la fase de tramitación del anteproyecto, que todavía debe seguir su recorrido antes de su aprobación definitiva.
