- El Pleno municipal aprobó la medida con los votos de PP y Vox este martes.
- La unidad tendrá formación específica y se coordinará con Policía Nacional y otras administraciones.
El debate sobre la seguridad en Alcalá de Henares se ha reabierto en el Pleno municipal con la aprobación de una nueva unidad especializada dentro de la Policía Local. El acuerdo, respaldado este martes por PP y Vox, responde a la creciente preocupación vecinal por la actividad de grupos juveniles violentos y los episodios de inseguridad registrados en la ciudad en los últimos años.
La concejala de Seguridad, Orlena de Miguel, defendió la iniciativa subrayando que Alcalá, por su tamaño y ubicación metropolitana, necesita “una respuesta estructurada” que permita actuar con rapidez y eficacia. La nueva unidad no solo tendrá capacidad operativa en la calle, sino que también contará con protocolos de inteligencia policial y formación continua para sus integrantes.
El problema de las bandas juveniles no es nuevo en el municipio. En agosto de 2022, un enfrentamiento obligó a desalojar el recinto ferial ante más de 10.000 personas. En 2023 y 2024 se repitieron incidentes como persecuciones a plena luz del día o ataques con machetes, hechos que generaron alarma social y reforzaron la demanda de medidas más contundentes. Durante las fiestas de 2025, los dispositivos policiales evitaron la entrada al recinto de más de 150 personas vinculadas a estos grupos, un ejemplo del impacto de la colaboración entre cuerpos de seguridad.
La creación de la unidad se enmarca en una tendencia nacional: ciudades como Zaragoza, Getafe o Vitoria ya han iniciado debates similares para reforzar la especialización de sus policías locales. El Ayuntamiento alcalaíno pretende seguir esa línea, solicitando además la implicación de la Comunidad de Madrid y del Ministerio del Interior para asegurar recursos y coordinación a medio plazo.
Aunque la medida ha sido presentada como un paso decisivo frente a un fenómeno persistente, todavía está por concretar la dotación de agentes, su calendario de implantación y el alcance de la colaboración institucional. El reto para los próximos meses será convertir esta decisión política en un dispositivo real que consiga reducir la incidencia de las bandas y devolver a los vecinos la sensación de seguridad en sus barrios.
