- El Gobierno regional prepara una reforma del Reglamento de Vivienda con nuevos criterios de acceso
- La norma también vetará durante cinco años el acceso a VPO a condenados por ocupación ilegal
La Comunidad de Madrid prepara una modificación del marco normativo que regula el acceso a la vivienda protegida. El Gobierno regional ha anunciado la aprobación de un nuevo Reglamento de Vivienda que introduce cambios en los criterios de adjudicación de este tipo de inmuebles, actualmente en fase de tramitación administrativa.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el texto, actualmente en fase de tramitación y con un periodo de audiencia e información pública previsto, incorporará como novedad la exigencia de acreditar al menos diez años de empadronamiento en la región para poder acceder a una vivienda protegida. La aprobación definitiva del reglamento está prevista para el mes de julio.
Junto a este requisito de arraigo, la futura norma establecerá que las personas condenadas por sentencia firme por delitos de allanamiento de morada o usurpación de vivienda no podrán beneficiarse de una vivienda protegida si la condena se produjo en los cinco años anteriores a la solicitud. Se trata de una medida que vincula de forma directa el acceso a la vivienda pública con el historial penal en materia de ocupación ilegal.
Durante el anuncio de estas medidas en un encuentro informativo, Ayuso defendió el endurecimiento del marco normativo como parte de la estrategia regional frente a la ocupación. «Vamos a seguir reforzando nuestra lucha contra la ocupación a pesar de tener unas competencias limitadas», afirmó la presidenta, enmarcando la reforma en la necesidad de modernizar la regulación vigente y mejorar la eficacia de las políticas públicas en vivienda.
Desde el Ejecutivo autonómico se sostiene que el nuevo reglamento busca asegurar que los recursos públicos se destinen prioritariamente a personas con una vinculación estable y continuada con la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el anuncio ha reabierto el debate sobre el impacto de estas condiciones en colectivos como jóvenes, familias que se han trasladado recientemente a la región o trabajadores desplazados por motivos laborales.
La reforma se produce en un contexto de elevada presión sobre el mercado residencial madrileño, marcado por una fuerte demanda y una oferta limitada, especialmente en el ámbito del alquiler asequible. En paralelo, la Comunidad mantiene activos distintos programas de vivienda protegida y alquiler a precio reducido, entre ellos el Plan VIVE, que cuenta con su propia regulación y criterios de adjudicación.
El nuevo Reglamento de Vivienda, una vez aprobado, redefinirá el acceso a la vivienda protegida en la región y previsiblemente continuará generando debate político y social sobre el equilibrio entre arraigo territorial, movilidad laboral y derecho a la vivienda.
