- La Policía advierte de que cualquier llamada comercial desde número móvil debe considerarse fraudulenta.
- La prohibición, en vigor desde este verano, forma parte del plan estatal contra el fraude telefónico.
«Ya no pueden llamarte desde un móvil para venderte nada». Con este mensaje, la Policía Nacional ha recordado esta semana que las llamadas comerciales realizadas desde teléfonos móviles han quedado prohibidas en España. A través de un vídeo difundido en redes sociales, el cuerpo advierte de que estas llamadas no solo son ilegales, sino que podrían ser directamente un intento de estafa: «Si en esa llamada se identifican como una llamada comercial, cuelga. Es una estafa».
La medida, en vigor desde este verano, forma parte de la Orden TDF/149/2025 del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, publicada en el BOE el pasado febrero. La nueva normativa prohíbe expresamente el uso de líneas móviles con prefijos 6 y 7 para comunicaciones comerciales, y obliga a las empresas a utilizar numeraciones fácilmente identificables, como líneas fijas, números gratuitos (800 y 900) o líneas especiales como el 1004 de Telefónica. Algunos operadores, como Digi, ya han adaptado sus canales: su número de atención ha pasado del 642 642 642 al 919 120 120.
Desde la Policía insisten en que la nueva regulación puede ser clave para frenar intentos de fraude telefónico. La identificación clara del origen de una llamada permite a los usuarios actuar con mayor seguridad y reducir el riesgo de caer en engaños, especialmente en campañas de suplantación o intentos de obtener datos bancarios.
La normativa se enmarca dentro de un plan estatal más amplio que también incluye el bloqueo de llamadas y SMS desde números no atribuidos o que simulan ser de origen español cuando en realidad provienen del extranjero. Según datos del Ministerio, desde marzo se han bloqueado más de 14 millones de llamadas y 800.000 mensajes sospechosos.
Las empresas que incumplan esta normativa pueden enfrentarse a sanciones de hasta dos millones de euros, ya que el uso de móviles para llamadas comerciales se considera una infracción grave según la Ley General de Telecomunicaciones. Medidas similares aplicadas en países como Finlandia han demostrado ser eficaces, con reducciones del 90 % en los intentos de fraude.
A medio plazo, el Gobierno prevé además crear una base de datos oficial con códigos alfanuméricos para verificar los remitentes de SMS. Esta herramienta, gestionada por la CNMC, estará operativa en junio de 2026 y permitirá detectar comunicaciones fraudulentas y proteger la identidad de los emisores legítimos.
Para quienes reciban llamadas sospechosas, la Policía recomienda no facilitar datos personales o bancarios, bloquear el número, conservar pruebas y, si es necesario, presentar denuncia ante la AEPD, la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o el propio cuerpo policial. También se recuerda la opción de inscribirse en la Lista Robinson y activar filtros antispam para reducir el riesgo.
Con este nuevo marco legal y la implicación activa de las fuerzas de seguridad, el Gobierno aspira a crear un entorno digital más seguro, donde identificar un intento de fraude sea más sencillo para la ciudadanía.
