- Inspectores de Educación habrían pedido de forma verbal a varios centros retirar carteles y banderas en apoyo a Gaza.
- La medida contrasta con la permisividad hacia actos de solidaridad con Ucrania en los colegios madrileños desde 2022.
La polémica en torno a la libertad de expresión en los centros educativos madrileños se intensifica tras conocerse que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid podría haber transmitido, a través de sus inspectores, la orden verbal de retirar símbolos relacionados con el apoyo al pueblo palestino. La decisión ha generado críticas que apuntan a un trato desigual respecto a la respuesta institucional frente a otras guerras.
La medida contrasta con la actuación del propio Ejecutivo regional durante los primeros meses de la invasión rusa de Ucrania. En 2022, la presidenta Isabel Díaz Ayuso promovió en colegios campañas de recogida de alimentos y materiales de higiene, y se permitió que los estudiantes elaboraran murales y actividades en apoyo al pueblo ucranio. Incluso miembros del Gobierno autonómico, como el entonces consejero de Educación Enrique Ossorio, visitaron colegios para respaldar esas iniciativas.
La Consejería de Educación niega haber dado una instrucción general y sostiene que únicamente se recuerda a los centros que deben ser “absolutamente apolíticos” cuando tienen conocimiento de posibles actividades con carga política. Sin embargo, directores de algunos centros habrían confirmado a varios medios presiones verbales de la Inspección, especialmente en relación con carteles o banderas.
La presidenta Ayuso, preguntada por el asunto tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Alcalá de Henares, no aclaró si existía una orden explícita, aunque defendió que los colegios no deben convertirse en escenarios de confrontación ideológica. “Utilizar los colegios y universidades con fines políticos nos retrotrae a los peores episodios del siglo XX”, señaló. En sus declaraciones insistió en que se trata de evitar un supuesto adoctrinamiento en las aulas.
Más allá de la controversia política, el trasfondo es la situación humanitaria en Gaza. Según datos de Naciones Unidas y organizaciones internacionales, la ofensiva israelí desde 2023 ha causado decenas de miles de muertes, con una proporción alarmante de víctimas infantiles. Se contabilizan además decenas de miles de desaparecidos y millones de desplazados internos. La ONU y varios países, entre ellos España, han calificado los ataques y el bloqueo como un genocidio, lo que ha incrementado la presión internacional sobre Israel.
Las protestas en solidaridad con Palestina han crecido en las últimas semanas en ciudades españolas y europeas, con marchas cada vez más multitudinarias que denuncian la situación de la población civil. El debate ha alcanzado al ámbito cultural y deportivo: varios países, entre ellos España, han advertido que no participarán en Eurovisión 2026 si Israel es finalmente incluido en el certamen. En el plano deportivo, las movilizaciones propalestinas han alterado el desarrollo de algunas etapas de La Vuelta, especialmente la última en Madrid, donde miles de manifestantes bloquearon el recorrido y obligaron a suspender la llegada y la ceremonia final.
El contraste entre estas movilizaciones sociales y la posible prohibición en los centros educativos madrileños ha intensificado las críticas de asociaciones de familias y colectivos estudiantiles. Denuncian que, al vetar símbolos de solidaridad, se ignora una realidad que está marcando la actualidad internacional y el debate social en España. Para muchos, se trata de un intento de silenciar en las aulas un tema que forma parte de la conversación pública y que conecta directamente con los valores de derechos humanos y justicia internacional.
