- La medida garantiza la atención residencial y diurna para personas con grandes necesidades de apoyo, evitando interrupciones en el servicio.
- Las prórrogas permitirán ajustar las nuevas licitaciones a las necesidades reales de familias y usuarios durante 2026.
La Comunidad de Madrid ha acordado prorrogar varios acuerdos marco para mantener activos, durante los próximos meses y a lo largo de 2026, recursos especializados destinados a personas con discapacidad. La decisión, adoptada esta semana por el Consejo de Gobierno, busca evitar discontinuidades en la atención y garantizar que plazas ya operativas sigan disponibles mientras se tramitan nuevas licitaciones. En total, la medida afecta a 1.134 plazas distribuidas en distintos centros de la región y supone una inversión global cercana a los 30 millones de euros.
La prórroga se desglosa en dos bloques. Por un lado, se destinan 18,5 millones de euros a la continuidad de nueve contratos que suman 380 plazas reservadas a madrileños con discapacidad física en centros residenciales que también ofrecen servicio diurno. Este paquete amplía la vigencia desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026, lo que cubre un año completo de atención sin interrupciones.
En estos recursos se presta alojamiento y manutención, además de apoyo personal para las actividades de la vida diaria y el ocio. Los equipos profesionales incluyen fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, apoyo psicológico y acompañamiento social. El objetivo es prevenir el deterioro funcional, conservar capacidades y favorecer una mayor autonomía, elementos clave para la integración y el bienestar de las personas usuarias.
El segundo bloque contempla 11,4 millones de euros para continuar cuatro contratos que permiten atender a 754 personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta asociados, también en dispositivos residenciales. En este caso, la prórroga comprende del 1 de noviembre de 2025 al 31 de marzo de 2026. Además de la cobertura residencial y el apoyo personal, estos centros cuentan con intervención especializada orientada a la rehabilitación, la convivencia y el desarrollo de habilidades sociales, con actividades estructuradas y supervisadas por equipos multidisciplinares.
Los acuerdos marco son una figura habitual en la contratación pública social que permite mantener la prestación mientras se prepara o resuelve una licitación mayor, evitando vacíos asistenciales. En la práctica, su extensión asegura a familias y usuarios que no habrá cambios bruscos en la plaza asignada por motivos estrictamente administrativos, a la vez que facilita a la administración ajustar los pliegos a necesidades detectadas sobre el terreno.
Aunque la medida se limita a prorrogar contratos ya existentes, su alcance es relevante por volumen y perfil de los usuarios implicados. La atención residencial y diurna para personas con grandes necesidades de apoyo requiere plantillas estables y programas individualizados; la continuidad financiera y jurídica es un factor que condiciona directamente la calidad de la intervención, desde la planificación terapéutica hasta la coordinación con servicios sanitarios y comunitarios.
Con estas prórrogas, el Gobierno regional gana margen para culminar los procesos de contratación que deberán sustituir a los acuerdos actuales a lo largo de 2026. El reto inmediato será acompasar las futuras licitaciones con la demanda real y con los estándares de atención especializada, de modo que no solo se mantenga la cobertura, sino que se mejore su adecuación a perfiles complejos y a las necesidades de las familias. La evolución de estos expedientes y la publicación de los nuevos pliegos marcarán el siguiente paso.