- Vecinos y vecinas del edificio denuncian que sus contratos de alquiler incluyen costes como el IBI, la comunidad y seguros de impago.
- La protesta, apoyada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, busca renegociar las condiciones sin llegar a los tribunales.
Una serie de pancartas colgadas en los balcones de un edificio de la calle Islas Caimán ha llamado la atención de los viandantes en los últimos días. Con el mensaje «NO + cláusulas abusivas», los vecinos y vecinas del bloque quieren hacer visible una situación que, según denuncian, afecta desde hace años a quienes viven de alquiler en esta promoción residencial.
El cartel es solo la punta del iceberg de una protesta que va más allá de lo simbólico. Los residentes aseguran que llevan tiempo soportando condiciones contractuales que consideran abusivas, impuestas por la empresa gestora del inmueble, actualmente Brisa, aunque el edificio ha sido gestionado anteriormente por otras compañías como Nestar y, previamente, Lazora.
Según explican, muchos de estos contratos incluyen cláusulas que obligan a los inquilinos a asumir costes que, en su opinión, deberían corresponder al propietario: seguros de impago, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o los gastos de comunidad.
A esto se suma la imposición de una única suministradora para calefacción y agua caliente sanitaria (ACS), así como problemas a la hora de recuperar la fianza tras abandonar la vivienda. Algunos exinquilinos han llegado a recibir cargos de hasta 70 euros por conceptos como la revisión del piso o el cambio de la silicona del baño, costes que no estaban previamente detallados en el contrato
«Estamos reclamando las cláusulas abusivas que tenemos en nuestros contratos», denuncia Vanessa, una de las vecinas afectadas. «Nos obligan a contratar el servicio de calefacción y ACS con una única suministradora que cobra una elevada cuota mensual de mantenimiento, que en algunos casos supera los 25 euros, una cantidad que los vecinos consideran excesiva en comparación con otros contratos de suministro. Además, no están devolviendo la fianza a quienes se marchan y les reclaman conceptos que no corresponden, algunos incluso cubiertos por el seguro de impago que pagamos».
La vecina añade que están contando con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, y que buscan una solución negociada: «No queremos judicializar, solo que se eliminen esas cláusulas de los antiguos contratos, como ya ha ocurrido en algunos nuevos».
Helena, otra residente, relata que los problemas comenzaron incluso antes de entrar a vivir. «Las condiciones para acceder al alquiler fueron muy complicadas», afirma. «Te apuntabas a una lista de espera. En mi caso, me dijeron que era la quinta. Llamé un mes después y ya habían alquilado las viviendas que me interesaban».
Las viviendas se entregaron, según recuerda, con retrasos y en mal estado. «Recuerdo el caso de una vecina que se encontró una defecación en el váter. A otros les dejaron latas de cerveza en los armarios. También hubo gente a la que le faltaban bombillas o se encontró puertas desencajadas».
Helena asegura que muchas de las viviendas presentaban deficiencias mínimas pero generalizadas, lo que dio una sensación de dejadez en la entrega. «Nos decían que las casas estaban revisadas, pero claramente no lo estaban. Había rejillas del baño rotas, persianas que no bajaban y restos de obra en muchas zonas».
En su caso concreto, la calefacción no funcionaba. «Entramos en febrero, en plenas olas de frío, y hubo gente que estuvo hasta quince días sin calefacción. Lo más frustrante es que te exigían puntualidad con el pago aunque los servicios no estuvieran funcionando desde el primer día».
También detectaron problemas con los suministros. «Nos dijeron que todo estaría dado de alta, pero nos llegaron facturas de la UTE de la obra. Algunos tuvieron problemas con la electricidad, otros con fugas de agua en la ducha», recuerda.
«Creé un grupo de WhatsApp porque vi que, en una semana, casi todos teníamos problemas», explica. «Y a la hora de cobrar, fueron rápidos, a pesar de que algunos estuvimos sin calefacción 10 o 15 días».
En cuanto a las condiciones contractuales, Helena critica que «pagamos un seguro de impago para que la empresa se asegure de que le vamos a pagar, cuando eso debería asumirlo el propietario». También cuestiona la lógica de incluir gastos como el IBI o la comunidad: «Nos parecía que esto no tenía ninguna razón de ser. Eso lo tiene que hacer el propietario, que es quien quiere asegurarse de que la vivienda va a ser pagada y, en caso contrario, ejercer las acciones legales pertinentes».
Helena apunta que las cláusulas abusivas son solo una parte del problema. «Firmamos esos contratos porque no teníamos otra opción. Las circunstancias personales de cada una hicieron que probablemente firmásemos porque no había otro sitio donde ir».
Además, añade que con el paso del tiempo han descubierto que «hay sentencias que declaran que estas cláusulas son tremendamente abusivas, porque te hacen pagar también al cabo de tres años el IBI, la comunidad y siguen subiendo el IPC, que es algo muy normal, pero esto no lo es tanto».
Otro de los aspectos que más preocupa es la subida del precio del alquiler. «Antes se alquilaban por 700 euros un piso de una habitación. Ahora conocemos casos en los que están a 850 euros, e incluso recientemente se ha publicado un anuncio de un bajo por 1.400 euros. En general, los precios oscilan actualmente entre los 875 y los 1.495 euros Y eso sin eliminar las condiciones anteriores».
La vecina defiende que no se trata de una huelga de alquiler. «No queremos dejar de pagar, queremos negociar. Solo pedimos un alquiler justo, sin cláusulas abusivas».
Por ahora, las pancartas colgadas en los balcones simbolizan el primer paso de una movilización vecinal que busca soluciones reales y duraderas. La esperanza de los inquilinos es clara: que la empresa gestora se siente a negociar y ponga fin a unas condiciones que consideran injustas y desproporcionadas.
Imágenes de los carteles en el edificio de la calle Islas Caimán en El Olivar
