El PSOE critica que el curso comience en Alcalá con obras pendientes y sin aire acondicionado en los colegios públicos

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El inicio del curso escolar vuelve a situar las condiciones de los centros públicos de Alcalá de Henares en el debate político municipal. El PSOE ha criticado que la vuelta a las aulas llegue con actuaciones todavía pendientes en algunos colegios, problemas de personal y sin un plan general de climatización que permita adaptar las aulas a episodios de altas temperaturas.

Los socialistas sostienen que el curso «vuelve a estar marcado por obras sin terminar, plantillas incompletas y la ausencia total de aparatos de aire acondicionado». La denuncia reúne cuestiones que dependen de administraciones diferentes, pero sitúa el foco en las condiciones con las que alumnado, familias y profesionales afrontan el nuevo año académico.

El Ayuntamiento de Alcalá mantiene este año un plan de conservación y mejora de los centros educativos municipales. A mediados de agosto, la Concejalía de Educación informó de actuaciones próximas a finalizar por un importe de 700.000 euros, con trabajos de pintura, reparación de cubiertas, reforma de baños, renovación de suelos y mejoras en instalaciones deportivas, entre otras intervenciones.

El PSOE cuestiona, sin embargo, que parte de esas obras alcance el comienzo de las clases y reclama que la planificación permita concentrar los trabajos durante los periodos sin actividad lectiva. El propio Ayuntamiento había contemplado previamente que algunas intervenciones pudieran prolongarse más allá del verano, coordinando en esos casos los trabajos con los equipos directivos para reducir su impacto sobre la actividad educativa.

La climatización constituye el principal eje de la crítica socialista. Las actuaciones municipales anunciadas para este verano incluyen cubiertas, baños, patios, pistas deportivas, pavimentos, pintura o accesibilidad, pero no un programa para instalar aire acondicionado en las aulas. El debate adquiere especial relevancia ante unos cursos escolares cada vez más expuestos a episodios de calor al comienzo y al final del calendario lectivo.

Los socialistas reclaman desde hace meses un estudio técnico, financiación y un calendario para climatizar progresivamente los colegios públicos de Alcalá. La cuestión no se limita al confort: organizaciones educativas y familias vienen reclamando que la adaptación térmica de los centros se incorpore a las políticas de protección de la salud y de mejora de las condiciones de aprendizaje. En junio, el propio PSOE defendió que no deberían normalizarse temperaturas incompatibles con el bienestar de alumnado y profesorado.

El contraste más cercano se encuentra en Torrejón de Ardoz. El Ayuntamiento torrejonero, también gobernado por el Partido Popular, ha completado la climatización de las 899 aulas de sus 21 colegios públicos mediante 1.669 equipos capaces de proporcionar frío y calor. La actuación ha supuesto una inversión municipal de siete millones de euros.

El PSOE de Alcalá reprocha a la alcaldesa, Judith Piquet, que la ciudad no haya seguido hasta ahora un camino similar y vincula esa ausencia de inversión a las prioridades presupuestarias del Gobierno local. La nota alude en este punto a la modificación de crédito de casi 68 millones de euros planteada en junio. Ese argumento requiere una precisión: el expediente no llegó a aprobarse, ya que fue rechazado en el Pleno con los votos en contra de Vox, PSOE y Más Madrid, por lo que esos fondos no quedaron finalmente disponibles para ser ejecutados.

La situación de las plantillas constituye otro de los frentes de la denuncia. En este apartado es necesario diferenciar las competencias municipales de las autonómicas. La contratación de maestros y profesores corresponde a la Comunidad de Madrid, que cifra en 68.899 los docentes de la enseñanza pública para este curso, 1.280 más que el anterior, además de otros 673 profesionales de refuerzo.

Las cifras globales no impiden que existan vacantes sin cubrir en centros concretos. CCOO ha denunciado que el 61% de los centros educativos públicos madrileños inicia el curso sin completar sus plantillas y que el problema también afecta a la Dirección de Área Territorial Madrid Este, a la que pertenece Alcalá. Estos datos son regionales y de área territorial y, por tanto, no permiten concluir que ese porcentaje se reproduzca exactamente en los colegios e institutos de la ciudad.

La crítica socialista alcanza también a las escuelas infantiles y casas de niños de titularidad municipal. Según la información trasladada por el grupo, tres de las cinco escuelas infantiles comenzarían con normalidad, mientras otras dos llegarían al inicio de curso sin haber concluido sus procesos de licitación y las dos casas de niños tendrían sus procedimientos declarados desiertos. A falta de las correspondientes resoluciones administrativas de todos los expedientes, estos datos deben atribuirse por ahora al PSOE.

El conflicto se produce además después de meses de dificultades en el primer ciclo de Educación Infantil municipal, donde los procesos de contratación y las condiciones laborales han generado movilizaciones y protestas. La situación amplía el debate más allá de las infraestructuras y coloca también en primer plano la estabilidad de los servicios y de los equipos que atienden diariamente a los menores.

Los socialistas relacionan finalmente estos problemas con la situación política del Gobierno municipal de PP y Vox. En su comunicado sostienen que ambos partidos «llevan todo el verano con este vodevil, peleándose entre ellos», en referencia a las discrepancias que se hicieron visibles tras el rechazo de la modificación presupuestaria de junio.

La vuelta a las aulas deja así dos planos diferentes. Por un lado, un Ayuntamiento que mantiene inversiones y actuaciones de conservación sobre una red de centros que requiere mantenimiento constante. Por otro, una discusión de mayor alcance sobre si esas intervenciones son suficientes y si Alcalá debe dar el siguiente paso con un programa estable de climatización, mejores condiciones materiales y una planificación que garantice que los servicios educativos públicos comiencen cada curso con los recursos necesarios.

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