- José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá y presidente de CRUMA, denuncia la asfixia financiera del sistema universitario público en Madrid.
- Las seis universidades públicas negocian con la Comunidad de Madrid un nuevo modelo de financiación con horizonte a cinco años.
La universidad pública en la Comunidad de Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados. Así lo ha expresado José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA), quien ha alertado de que las cuentas no cuadran: los recursos económicos que reciben las universidades públicas por parte del Gobierno regional, sumados a los ingresos por matrículas, no bastan para mantener su actividad diaria.
“Estamos al borde de la supervivencia”, ha afirmado Saz en una entrevista con la Cadena SER. En el caso concreto de la Universidad de Alcalá, más del 60% del presupuesto se destina al pago de nóminas, y los gastos corrientes —como luz, agua o calefacción— suponen una carga adicional ineludible. La institución cuenta con más de 3.000 trabajadores. «Una universidad es una gran empresa, y necesita condiciones óptimas para funcionar”, ha subrayado.
A pesar del reciente anuncio del Gobierno autonómico de aumentar en 47 millones de euros la partida para el próximo ejercicio, el rector considera que la cifra no es suficiente. Según sus cálculos, se necesitaría al menos entre un 15% y un 20% más para garantizar la sostenibilidad del sistema. Y si lo que se pretende es crecer, diseñar una hoja de ruta a medio o largo plazo, haría falta un 5% o un 10% adicional. Pero el problema va más allá de la cuantía: “Llevamos tanto tiempo trabajando con cifras tan restrictivas que ni siquiera hemos podido calcular cuál sería el presupuesto ideal”, reconoce.
En paralelo, las seis universidades públicas madrileñas se encuentran inmersas en una negociación con la Comunidad para redefinir el modelo de financiación. El planteamiento, con una vigencia de cinco años, se articula en torno a tres ejes: una base fija que garantice la cobertura de los gastos estructurales, una asignación adicional según las características específicas de cada universidad, y una tercera línea vinculada a objetivos de rendimiento y calidad.
Saz insiste en que lo esencial ahora mismo es asegurar la financiación básica. El resto —la parte específica y la basada en objetivos— no tendrá sentido si lo fundamental no está cubierto. El rector se muestra moderadamente optimista sobre el avance de las negociaciones, pero advierte que hay que poner cifras concretas sobre la mesa cuanto antes. “Durante mayo o principios de junio deberían empezar ya a concretarse”, ha señalado.
La presión social también entra en juego. Tras una manifestación conjunta de los rectores, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recibió a los representantes de las universidades públicas en una reunión que no se producía desde hacía años. La imagen de unidad fue celebrada tanto en el ámbito académico como en el político. Ahora, los rectores quieren repetir ese gesto el 20 de mayo, justo dos días antes de la huelga general convocada por la comunidad educativa.
Desde las asociaciones en defensa de la universidad pública se mantiene la crítica: consideran que las promesas del Gobierno regional no responden al fondo del problema. Confían en que la protesta del 22 de mayo, con la que se pretende visibilizar el deterioro de la enseñanza pública superior, tenga mayor repercusión que la anterior convocatoria del 28 de abril, que se vio eclipsada por el apagón eléctrico que afectó a gran parte de la península.
La sensación general es que el tiempo apremia. La estabilidad del sistema universitario madrileño, sostienen sus responsables, pasa por resolver una ecuación financiera que no admite más parches.
