- Los socialistas solicitan un informe jurídico para esclarecer posibles irregularidades en la sanción impuesta a la empresa gestora de la plaza de toros.
- Critican que la multa de 3.155,67 euros es «desproporcionada» en relación con los incumplimientos reiterados del contrato.
La gestión de la plaza de toros en Alcalá de Henares lleva años siendo objeto de debate. Los espectáculos taurinos vuelven a situarse en el centro de la polémica tras la resolución del expediente sancionador contra la empresa gestora de la plaza de toros, TAURINA ALCALAÍNA, S.L. La decisión de la Junta de Gobierno Local de imponer una multa de apenas 3.155,67 euros a la empresa gestora ha generado inquietud en el panorama político local, con el Grupo Socialista liderando las críticas.
Tal y como expresan desde el Grupo Socialista, existe una «profunda preocupación» por lo que consideran una posible vulneración del «interés general del Ayuntamiento». Ante esta situación, han solicitado formalmente a la Secretaría General del Pleno la elaboración de un informe jurídico «sobre el nombramiento del instructor del expediente, la sanción aprobada y la clasificación de las infracciones cometidas por la empresa».
Uno de los puntos centrales de la crítica socialista es la calificación de las infracciones. Según indican, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regula el contrato «establece que la acumulación de tres faltas graves constituye una falta muy grave». Sin embargo, consideran que «la resolución del expediente califica como faltas graves los incumplimientos reiterados en los espectáculos taurinos durante varias anualidades, evitando así la consideración de faltas muy graves que conllevarían sanciones más severas».
Otro punto de discusión es la cantidad de la multa, fijada en 3.155,67 euros, que deriva de un contrato redactado en pesetas en 1998 y sin ajustar al valor actual del dinero. «La falta de actualización, incluida en la propuesta de resolución aprobada por la Junta de Gobierno Local, supone un potencial perjuicio económico para el Ayuntamiento, restando eficacia a la sanción como medida de disuasón y corrección», señalan desde el PSOE.
El Grupo Socialista también cuestiona el nombramiento del instructor del expediente, quien, según afirman, «carece de la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento, incumpliendo así el artículo 20.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986)». En situaciones anteriores, explican, el Ayuntamiento había cumplido con este criterio legal, lo que destaca un cambio de procedimiento que consideran preocupante.
El contrato con TAURINA ALCALAÍNA, adjudicado en 1998 por un periodo de 50 años, ha estado rodeado de controversias a lo largo de los años. Por ello, el PSOE reitera su compromiso de vigilar de cerca todas las actuaciones relacionadas con esta concesión. «Vamos a estar muy atentos a todas las actuaciones relacionadas con este contrato… y exigiremos al equipo de Gobierno transparencia en sus decisiones y la defensa de los intereses generales de todos los vecinos y vecinas», subrayan desde el Grupo Socialista.
La solicitud del informe jurídico se presenta como un paso clave para esclarecer el caso y asegurar que los procedimientos administrativos cumplan con la legalidad vigente. Mientras tanto, la resolución sigue generando debate en el panorama político local.
