La Justicia suspende la caza de nueve especies de aves en Alcalá y el resto de la Comunidad de Madrid

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La caza de nueve especies de aves silvestres ha quedado suspendida cautelarmente en toda la Comunidad de Madrid, una decisión judicial que también afecta a los terrenos cinegéticos del término municipal de Alcalá de Henares. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha adoptado la medida a raíz de un recurso presentado por SEO/BirdLife contra la orden autonómica que regula los periodos hábiles de caza para la temporada 2026-2027. La suspensión comenzó a aplicarse el 8 de octubre, coincidiendo con el inicio del periodo general de caza.

Las especies afectadas son la becada, la codorniz común, la paloma zurita, el zorzal alirrojo, el zorzal real, la corneja negra, la paloma bravía, la perdiz roja y la urraca. La resolución judicial se aplica al periodo general comprendido entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de enero de 2027, así como a los pasos tradicionales previstos entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. Su continuidad dependerá de la evolución del procedimiento judicial y de las decisiones que adopte el tribunal.

La medida tiene aplicación directa en Alcalá de Henares, donde existen terrenos autorizados para la actividad cinegética. Entre ellos figura el coto de caza menor El Encín, identificado en la documentación oficial de la Comunidad de Madrid con una superficie de 626 hectáreas y vinculado al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. La suspensión afecta a la captura de las nueve especies señaladas, sin que ello implique la prohibición de toda la actividad cinegética ni de las actuaciones de control de otras especies autorizadas.

El auto contempla excepciones para las cacerías de suelta autorizadas o comunicadas y para las desarrolladas en cotos comerciales, donde únicamente podrán abatirse los ejemplares soltados conforme a las condiciones establecidas en la autorización correspondiente. SEO/BirdLife solicitó la suspensión por la vía de especial urgencia al considerar que la captura de estas aves podía provocar daños irreversibles en sus poblaciones antes de que se resolviera el recurso. La organización sostiene que varias especies presentan tendencias poblacionales negativas y cuestiona la suficiencia de las evaluaciones regionales utilizadas para regular su aprovechamiento.

La decisión judicial ha generado discrepancias entre las organizaciones conservacionistas y el sector cinegético. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá la suspensión, mientras que la Fundación Artemisan también ha expresado su oposición y ha defendido la existencia de estudios que, a su juicio, respaldan la sostenibilidad de la actividad. Entretanto, la medida cautelar permanece vigente y debe ser tenida en cuenta por los titulares de cotos y las personas que practiquen la caza en Alcalá y el resto de la región.

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